Colombia. Más de 20 mil procesos se encuentran paralizados en espera de que haya un acercamiento entre los trabajadores de la rama judicial y el Gobierno Nacional. Los trabajadores mantienen firme su posición del cese de actividades hasta que no tengan solución a los pliegos de peticiones que contienen nueve puntos. Los funcionarios y empleados protestan por mejores garantías laborales y respeto a la independencia de la justicia.
Al paro en la justicia a nivel nacional se unieron en los Llanos Orientales los despachos judiciales de Inírida (Guainía), Mitú (Vaupés), Puerto Carreño (Vichada), y los 12 funcionarios que laboran en el municipio de Granada, que se habían abstenido de ingresar al cese de actividades.
También confirmaron su participación en la protesta los empleados y funcionarios de la rama judicial en Acacías, precisó Samuel Figueroa, vicepresidente de la seccional Meta de Asonal Judicial.
En Villavicencio, aunque es permitido el ingreso de los usuarios al Palacio de Justicia, los empleados que se sumaron al paro impiden el acceso a los diferentes despachos, ubicándose alrededor de las escaleras que permiten subir a los otros pisos de la edificación.
La sede de la Fiscalía que funciona en la calle 15 con carrera 37L, más conocida como 'La Octava', por su cercanía con la octava etapa del barrio La Esperanza, está cerrada, y no se permite el ingreso de usuarios.
Sin embargo, el presidente de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrado Romelio Daza Molina, aseguró que "se han atendido todos los casos en materia del funcionamiento del sistema penal acusatorio en lo que respecta a las audiencias de control de garantías y pequeñas causas al igual que los surgidos por hábeas corpus y tutelas".
Para el magistrado "no ha habido un impacto significativo dentro del servicio con ocasión del cese de actividades", puesto que según afirmó, además de que los tribunales están funcionando con normalidad, (aunque los usuarios no pueden llegar hasta los despachos), "no se han registrado libertades por vencimiento de términos por inactividad de la administración de justicia para ningún caso", puntualizó.
Sobre la parálisis de la justicia en el Meta, la directora seccional encargada de la Fiscalía, María Eliza Rocha, reiteró que su despacho velará por el respeto a los derechos de ambas partes. Además de admitir la validez del derecho a la protesta por parte de los funcionarios y empleados de la rama, estará atenta para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía, "porque prima el interés de la colectividad", dijo.
Aunque se venían realizando las audiencias de control de garantías y pequeñas causas por parte de los jueces municipales, "en caso de que las dificultades resulten ser mayores en el Palacio, los jueces se trasladarán a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) ", dijo el magistrado Daza Molina.
Fuente: eltiempo.com , elpaisvallenato.com
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