"Hay días en los que nuestras dependencias parecen el camarote de los Hermanos Marx"

En el Juzgado Mercantil de Sevilla los teléfonos no paran de sonar y los funcionarios no dan a basto para hacer su trabajo y atender personalmente a los abogados, procuradores y acreedores que piden información, o bien solicitan o entregan documentación. «Es tal la sobrecarga de trabajo que soportamos que hemos decidido no atender por teléfono el casi medio centenar de llamadas que recibimos a diario de toda España para pedir información sobre concursos de acreedores», explicó Juan Pedro Dueñas, secretario del Juzgado Mercantil de Sevilla.


«Hay días —comenta Dueñas— en los que el Juzgado Mercantil de Sevilla parece el camarote de los Hermanos Marx porque no cabe la gente y los funcionarios se volvían locos. En ocasiones he tenido que pedir a los abogados, procuradores y acreedores que salgan al pasillo y hagan cola. Literalmente, no hay espacio físico para sus funcionarios ni para los más de cien administradores judiciales actualmente nombrados, así como para los archivos y los expedientes en trámite que se amontonan». Para resolver puntualmente este problema, el juzgado ha pedido a la Junta que habilite dependencias para trasladar al menos sus archivos.

Juan Pedro Dueñas se pregunta si son éstas las dependencias modernas de las que habló la anterior consejera de Justicia, María José López, cuando dijo que diez años después de la transferencia de estas competencias se habían sentado las bases para una justicia «moderna, cercana, ágil, transparente y de calidad». «Ninguno de esos propósitos se ha cumplido. La Junta está bajo mínimos y no da respuesta puntual a las necesidades de los órganos de justicia, lo que provoca una falta de motivación de los funcionarios», añadió este secretario judicial.

Asimismo, Dueñas denunció las carencias informáticas del Juzgado Mercantil. «Los funcionarios tienen que notificar por correo convencional y a veces tardamos hasta tres meses, cuando podría hacerse por correo electrónico. Además, debería haber un registro público general de concursos declarados y una base de datos informática para facilitar información a los interesados. Con ello nos evitaríamos el casi medio centenar de llamadas diarias de personas que piden información, así como hacer a mano cientos de actos de comunicación a los acreedores, además de miles de fotocopias».

En cuanto a los administradores concursales, cree indispensable que se les dote de dependencias especiales, así como facilidades telemáticas para poder acceder a la documentación, lo que les evitaría tener que acudir periódicamente al juzgado.

Fuente: abcdesevilla.es