La Fiscalía solicitó el lunes, en el juicio celebrado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público para José A.B.C. La defensa pidió la libre absolución. El acusado, según las conclusiones del Ministerio Público, entre noviembre de 1987 y mayo de 2000, aprovechó su condición de auxiliar del Juzgado número 2 de Granadilla para cobrar el importe de responsabilidades civiles que debían pagar determinados imputados, a cuyos procesos tenía acceso José A.B.C., indicándoles que así su causa estaría finalizada, y quedándose él con el dinero.El acusado emitía a los imputados justificantes de pago falsos, elaborados por él, a los que ponía el sello del Juzgado para dar apariencia de veracidad. Además, firmaba estos resguardos.
José A.B.C. escondía los procedimientos en bolsas de basura y en una caja de folios y los colocaba en el archivo del Juzgado ocultos entre otras piezas, para que no fueran encontrados. El procesado hacía anotaciones falsas en los libros de registro para señalar que habían sido enviados a Fiscalía, cuando esto no ocurría. Además, en dichos libros no aparecía que se hubiese realizado cobro alguno en estas causas.
Las conclusiones provisionales señalan que aparece demostrado que, al menos, en tres ocasiones, el acusado llegó a cobrar el pago de las responsabilidades civiles de algunos imputados, uno de los cuales tenía pendiente una causa por un delito contra la seguridad del tráfico y otro de homicidio imprudente.
Con motivo de una reorganización del archivo, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2000, fueron encontrados hasta 61 documentos, que al parecer el acusado había ocultado, de los cuales once estaban asignados para su tramitación al procesado; los otros cincuenta no pudieron determinarse a qué funcionario correspondían. Cabe señalar que la tramitación de algunos de estos documentos seguía en curso.
En la vista de oral, José A.B.C. se declaró inocente, y señaló que "no recordaba muchas cosas de esa época".
Respecto al funcionamiento del Juzgado, el acusado explicó que en esa época "nos repartíamos los procedimientos que llegaban sin criterio alguno, y los dejábamos en un mostrador, para enviarlos a la Fiscalía, al que cualquiera tenía acceso".
La Fiscalía había solicitado en sus conclusiones provisionales nueve años de prisión por dos delitos de falsedad documental, así como la indemnización de los tres afectados, conocidos, por el importe cobrado, que asciende a 2.377 euros.
Fuente: eldia.es
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