Las Palmas: Empujón electoral al Palacio de Justicia

En 2005, María Australia Navarro, entonces consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, fijó en el año 2007 la fecha de finalización de las obras de construcción del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Tras años de estancamiento, las obras han tomado impulso en los últimos meses, como constatan operadores judiciales. Fuentes próximas a la Administración de Justicia, sindicatos y oposición advierten tintes electoralistas en este arreón.


Tres años después del plazo marcado en la agenda por la actual presidenta del PP grancanario, las previsiones de la consejería sitúan en los últimos meses de 2011 la puesta en funcionamiento de la futura sede judicial de la capital y en el primer trimestre de 2012 los primeros traslados.

A pesar de la aceleración de los trabajos, los plazos siguen demorándose. En diciembre de 2009, fuentes del Gobierno regional aseguraban que las obras concluirían a finales de 2010 y que los Presupuestos para este año no se verían resentidos. En la comisión del pasado 6 de junio, el consejero José Miguel Ruano anunció que, de los aproximadamente 13 millones comprometidos para 2010, se detraerían 5 millones para los presupuestos de 2011.

En diciembre de 2005, al comienzo de los trabajos de demolición del colegio Castilla, en cuyo suelo se construye el Palacio de Justicia, Ruano estableció un plazo de ejecución de la obra de 3 años y medio. De confirmarse las últimas previsiones, la nueva sede judicial arrancaría con un retraso de 3 años respecto a la fecha marcada por el actual consejero y de 5 según los plazos de la presidenta del PP grancanario.

Eulalia Guerra, responsable de Justicia del PSC, acusa al Ejecutivo regional del bloqueo judicial en la capital grancanaria. La diputada socialista considera que los ciudadanos son víctimas de un "engaño continuo" y que pagan con el retraso en los trámites judiciales el hecho de que el Gobierno "no acabe de tomarse en serio el plan de modernización".

Guerra pone como ejemplo la tramitación de un divorcio exprés, que puede demorarse hasta cinco meses a pesar de que, en caso de mutuo acuerdo, las diligencias no deberían superar los treinta días.

Controversia desde su gestación

El proyecto del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que supone una inversión cercana a los 80 millones de euros, ha sido foco de conflicto desde su gestación. Superado el problema de su ubicación con la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la parcela que ocupaba el colegio Castilla, el sistema de financiación también ocasionó controversia.

En un principio, la consejería regida por María Australia Navarro barajó la construcción del Palacio de Justicia con capital privado y fondos de la Reserva Canaria de Inversiones (RIC), La empresa concesionaria se beneficiaría de la explotación del edificio por un plazo de 20 a 30 años. Sin embargo, en noviembre de 2005, su sucesor en el cargo, José Miguel Ruano, dio marcha atrás y decidió financiar el proyecto con dinero público "al 100%".

A los retrasos que sindicatos y oposición achacan a la "deficiente gestión" del Gobierno, hay que sumarle los obstáculos del propio desarrollo de la obra, desde el desmonte especial de las planchas del centro escolar, hasta las filtraciones de agua dulce cuando se procedió a la perforación de los cimientos.

Por otra parte, el destinado a convertirse en edificio emblemático de la ciudad también ha suscitado polémica entre Coalición Canaria y Partido Popular, con declaraciones cruzadas. Así, en 2006, un año después de la ruptura del pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones, la popular Carmen Nirva Macías responsabilizó al consejero Ruano del retraso, alegando que había reducido de 6 a 4 millones la partida asignada para ese año.

En 2007, ante el anuncio de que la finalización de las obras se retrasaría hasta el año 2010, la viceconsejera de Justicia, la nacionalista Carolina Déniz, culpó al PP de la demora al ''no haber determinado la financiación del proyecto". Además, aseguraba que el coste económico inicial era "muy elevado".

Actualmente, la Administración de Justicia se encuentra diseminada en catorce sedes ubicadas en la zonas de Vegueta y Triana. El coste del alquiler de estos edificios asciende a 1,5 millones de euros anuales. A esta cantidad habría que sumarle las obras de acondicionamiento de estos inmuebles, debido al atraso en la apertura de la nueva sede judicial. Sólo en 2007, la remodelación de los juzgados de Granadera Canaria implicó un sobrecoste de 3 millones de euros.

Fuente: canariasahora.es