Logroño: "Que el Palacio de Justicia se haga de una santa vez"

El proceso de negociación para el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias de Justicia ha topado con un nuevo imprevisto. Cuando todo indicaba que el consenso sobre las condiciones y la cantidad de la transferencia era un hecho a falta de unos flecos que hacían factible cerrar la cuestión este mismo verano, el departamento que dirige Francisco Caamaño se descuelga apoyado por el ministerio de Hacienda con un nuevo condicionante económico.


La última propuesta barajada por los representantes de ambas partes al más alto nivel planteaba un importe cercano a los 41,8 millones de euros. De ellos, 15,8 corresponderían al coste efectivo de la transferencia, mientras que los 26 restantes se incluirían en concepto del convenio para la construcción del Palacio de Justicia en los terrenos de la calle Murrieta que albergaban el antiguo Hospital Militar.

El Ministerio discrepa ahora de esta valoración. Su postura se aferra a la oportunidad de que la parcela se conceptúe en tres partes, una de las cuales se reservaría el Estado contemplando la opción de, en un futuro, llevar allí algunos servicios de la Administración central. El precio que Justicia impone a este tercio del solar es sustancial: 7 millones de euros que podrían minorarse de la partida dedicada a la construcción del Palacio y que, de ser asumida por parte de la Comunidad Autónoma, quedaría reducida a en torno 19 millones.

El Gobierno de La Rioja discrepa de esta posibilidad. Por múltiples razones. De entrada, por la propia segmentación del solar una vez que las diferentes instituciones y los operadores jurídicos de La Rioja hayan coincidido en la conveniencia de que deba contemplarse como un todo dedicado íntegramente a la construcción del nuevo Palacio de Justicia. Más aún, cuando todas las voces han advertido de la falta de espacio de que adolecen las actuales dependencias en Bretón de los Herreros y cuando la implementación de la Oficina Judicial ofrece la oportunidad de 'partir de cero' en la construcción y adaptación de las nuevas instalaciones.

El Ejecutivo recuerda en este punto no sólo los inconvenientes funcionales que surgirían, sino el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Logroño para acomodar urbanísticamente el uso de la parcela. Aquí se enmarcan los acuerdos de modificación puntual del Plan General Municipal aprobados por el Consistorio logroñés tanto para salvaguardar que el enclave sea utilizado con funciones judiciales como para incrementar su edificabilidad.

Tampoco la estimación económica que el Estado hace de la parcela amparándose en el aumento de la posibilidad de edificación resulta admisible para el Ejecutivo de Pedro Sanz. Los técnicos riojanos apuntan aquí que las valoraciones para terrenos de características similares se fijan actualmente en una horquilla que va de los 100 a los 150 euros por metro cuadrado. De acuerdo a esta ecuación, el coste de la edificabilidad de 9.974,5 metros sobre el precio máximo manejado alcanzaría los 1,49 millones. Una cantidad a la que, apunta el Gobierno, debería descontarse los 800.000 euros en que estima las obras de demolición de las edificaciones existentes, dejando así la valoración final en no más de 0,69 millones.

Para reforzar su argumentación, la Comunidad Autónoma recuerda que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria (SEGIPSA) ya intentó vender la parcela a través de una subasta convocada en el año 2002 por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa. El «desproporcionado» tipo de licitación fijado -10,5 millones- y el uso dotacional que impide un aprovechamiento comercial hicieron que la puja quedara desierta.

Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Logroño observan la cuestión desde diferentes ángulos. El alcalde de la capital, Tomás Santos, abre su argumentación de manera tajante: «Que el Palacio de Justicia se haga de una santa vez». El primer edil destaca en este sentido el esfuerzo desplegado por la Corporación logroñesa que él lidera para allanar los reparos urbanísticos sobre la parcela de la calle Murrieta que en su día trabaron el proceso. «A través de sendas modificaciones puntuales del Plan General se mejoró la edificabilidad y se especificó el uso dotacional del solar para que, como todos los interesados reclamaban, su destino fuera exclusivamente para servicios judiciales», destaca Santos dejando de lado si es al Ministerio o al Gobierno de La Rioja a quien le corresponde ceder para completar el traspaso de la última competencia de peso pendiente: «Sólo sé una cosa: la única administración que ha hecho todos sus deberes en este tema y nadie le puede señalar como culpable de nada es el Ayuntamiento de Logroño». Santos reitera en este sentido la «absoluta predisposición» de la capital riojana para que la transferencia de Justicia se complete y el Palacio empiece a ser una realidad «ya mismo».

El delegado de Gobierno se aferra a la prudencia. «No estoy en la comisión negociadora, pero me consta que existe una voluntad del Ministerio por completar la el proceso igual que se ha hecho en los últimos tiempos con otras comunidades», indica José Antonio Ulecia subrayando la «cordialidad» que ha imperado hasta ahora en las conversaciones mantenidas entre los representantes de La Rioja y del Gobierno central.

«Aún no hay nada cerrado», destaca también para disipar la posibilidad de un enquistamiento en la negociación. «El Ministerio tiene además un interés expreso en la modernización de la Justicia en La Rioja, lo cual abarca no sólo las infraestructuras, sino también la implementación de la Oficina Judicial, la mejora de los procesos, el aumento de efectivos...». Ulecia señala que, desde este punto de vista, la construcción del Palacio es una cuestión «paralela» aunque concede que sería «muy bueno para todos» que ambas vías -modernización y nueva sede- convergieran en un futuro próximo con el traspaso competencial.

Fuente: larioja.com