La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia mostraron el martes su apuesta por un cambio "conceptual" en el modelo de organización de la Administración de Justicia al considerar que el actual está "agotado". Así lo han manifestado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido; y el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo; en sus intervenciones en el seminario 'La crisis de la Justicia en España', que se celebró esta semana dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
En él, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha negado que el problema de la Justicia en España sea la politización de los jueces y magistrados y ha abogado por "dotar de estabilidad" al sistema judicial.
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha destacado la importancia de lograr la eficiencia del sistema y la necesidad para ello de medios suficientes, pero ha matizado que el proceso de modernización material e instrumental debería acompañarlo una modernización "conceptual".
"En el Ministerio Fiscal estamos convencidos de que la máquina debe renovarse, pero el producto que queremos fabricar también debe cambiar", ha defendido, para lo que apuesta por "saber para qué tiene que servir la Justicia en el siglo XXI", apoyándose en los principios de cooperación y fortalecimiento internacional de las instituciones.
Al respecto, ha valorado el "primer" pero "insuficiente" paso dado para la creación de una Fiscalía Europea durante la Presidencia semestral española de la Unión Europea.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido que la Justicia está "en crisis", pero ha animado a centrarse en la visión positiva y del reto de "salir de la crisis". Y también ha considerado que la mejora de la organización judicial ayudará a salir de la crisis económica.
A su juicio, la Administración de Justicia actual es un modelo que "está agotado" y que requiere una nueva manera de "vertebrar" la Justicia, como prueba el hecho de que "se crea un juzgado, y al año que viene, el sistema lo ha fagocitado".
Campo apostó por evitar "sembrar de inseguridad el sistema" con "problemas de interinidad", y valoró que el próximo mes de octubre se "visualizará" la creación de los nuevos Jueces de Adscripción Territorial (JAT), una figura que no existía antes y que ayudará a "reflotar" juzgados específicos, en respuesta a demandas concretas de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
El catedrático de Derecho Procesal, Víctor Moreno, ha aseverado que la Justicia en España "está muy mal organizada", con situaciones como el "auténtico despropósito" de sus sistemas informáticos, y ha reclamado que se "deslinden" y distribuyan de forma "clara" las competencias en materia de Justicia para evitar "solapamientos y disfunciones".
Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Marqués de Prado, ha repasado la propuesta de reorganización de la Administración de Justicia para sustituir al sistema "desfasado" y que ha lanzado un Comité de Expertos creado a propuesta del Ministerio. Pasa, entre otras cuestiones, por la supresión de los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz y las Audiencias Provinciales, para crear Juzgados o Tribunales de Paso que "aligeren" trabajo a los de Primera Instancia, así como porque los TSJC puedan resolver los recursos de apelación,
Politización de los jueces
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, ha negado que los jueces y su politización sean el problema de la Justicia en España.
Lo que hay es un "déficit· y un "aparente problema que se aire más de lo debido", ha advertido, mientras reivindicaba la importancia de la independencia de jueces y magistrados, que no ve como un "privilegio" sino como una "garantía" para los ciudadanos.
Tampoco considera que haya un problema con el Gobierno judicial, aunque "se presente así" un tema que últimamente a "vuelto a cobrar protagonismo".
Chamorro ha pedido que se dote de "estabilidad" al sistema judicial con un pacto que abarque a todas las fuerzas parlamentarias y que regule cuestiones como el acceso a la carrera, la plantilla o la organización, pero que no debe tender a la descentralización con Consejos judiciales autonómicos que cuestionarían la independencia respecto a los poderes regionales.
Fuente: 20minutos.es
En él, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha negado que el problema de la Justicia en España sea la politización de los jueces y magistrados y ha abogado por "dotar de estabilidad" al sistema judicial.
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha destacado la importancia de lograr la eficiencia del sistema y la necesidad para ello de medios suficientes, pero ha matizado que el proceso de modernización material e instrumental debería acompañarlo una modernización "conceptual".
"En el Ministerio Fiscal estamos convencidos de que la máquina debe renovarse, pero el producto que queremos fabricar también debe cambiar", ha defendido, para lo que apuesta por "saber para qué tiene que servir la Justicia en el siglo XXI", apoyándose en los principios de cooperación y fortalecimiento internacional de las instituciones.
Al respecto, ha valorado el "primer" pero "insuficiente" paso dado para la creación de una Fiscalía Europea durante la Presidencia semestral española de la Unión Europea.
Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido que la Justicia está "en crisis", pero ha animado a centrarse en la visión positiva y del reto de "salir de la crisis". Y también ha considerado que la mejora de la organización judicial ayudará a salir de la crisis económica.
A su juicio, la Administración de Justicia actual es un modelo que "está agotado" y que requiere una nueva manera de "vertebrar" la Justicia, como prueba el hecho de que "se crea un juzgado, y al año que viene, el sistema lo ha fagocitado".
Campo apostó por evitar "sembrar de inseguridad el sistema" con "problemas de interinidad", y valoró que el próximo mes de octubre se "visualizará" la creación de los nuevos Jueces de Adscripción Territorial (JAT), una figura que no existía antes y que ayudará a "reflotar" juzgados específicos, en respuesta a demandas concretas de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
El catedrático de Derecho Procesal, Víctor Moreno, ha aseverado que la Justicia en España "está muy mal organizada", con situaciones como el "auténtico despropósito" de sus sistemas informáticos, y ha reclamado que se "deslinden" y distribuyan de forma "clara" las competencias en materia de Justicia para evitar "solapamientos y disfunciones".
Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Marqués de Prado, ha repasado la propuesta de reorganización de la Administración de Justicia para sustituir al sistema "desfasado" y que ha lanzado un Comité de Expertos creado a propuesta del Ministerio. Pasa, entre otras cuestiones, por la supresión de los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz y las Audiencias Provinciales, para crear Juzgados o Tribunales de Paso que "aligeren" trabajo a los de Primera Instancia, así como porque los TSJC puedan resolver los recursos de apelación,
Politización de los jueces
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, ha negado que los jueces y su politización sean el problema de la Justicia en España.
Lo que hay es un "déficit· y un "aparente problema que se aire más de lo debido", ha advertido, mientras reivindicaba la importancia de la independencia de jueces y magistrados, que no ve como un "privilegio" sino como una "garantía" para los ciudadanos.
Tampoco considera que haya un problema con el Gobierno judicial, aunque "se presente así" un tema que últimamente a "vuelto a cobrar protagonismo".
Chamorro ha pedido que se dote de "estabilidad" al sistema judicial con un pacto que abarque a todas las fuerzas parlamentarias y que regule cuestiones como el acceso a la carrera, la plantilla o la organización, pero que no debe tender a la descentralización con Consejos judiciales autonómicos que cuestionarían la independencia respecto a los poderes regionales.
Fuente: 20minutos.es
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