
Paula Sánchez de León, consejera de Justicia y portavoz del Consell, destacó "el consenso" en reclamar "la adecuación de la implantación de la oficina judicial a la realidad económica". La nueva oficina judicial es una de las más ambiciosas reformas del Gobierno. Supone una nueva estructura del trabajo y del servicio al ciudadano, con competencias nuevas para los secretarios judiciales. Solo en formación, Sánchez de León fijó hace meses en siete millones de euros el desembolso inicial necesario. El miércoles, los 11 responsables autonómicos de Justicia consideraron que "la culminación del proceso de nueva oficina judicial ha de implicar el mínimo impacto presupuestario", por lo que exigieron al ministerio una comisión con representación autonómica para diseñar y debatir las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afectan, por ejemplo, a tasas, consignaciones o asistencia gratuita.
Fuente: elpais.com
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