La judicatura consigue una subida de entre 1.100 y 1.800 euros anuales para mitigarles el recorte del 5% aplicado a los funcionarios

El ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales han llegado a un acuerdo para que todos los jueces y magistrados se repartan de forma casi lineal el complemento de productividad que antes sólo cobraban quienes superaban un número determinado de resoluciones establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


Si antes un magistrado podía percibir hasta una retribución adicional de hasta el 10% de su salario por rebasar los objetivos de su juzgado o tribunal -el sueldo fijo oscila entre 46.000 y 108.000 euros brutos-, con el pacto alcanzado ahora todos los miembros de la judicatura, sin distinción, recibirán este año, como mínimo, un plus de 1.100 euros brutos a cuenta del complemento de productividad de 2009, que estaba pendiente de abonar. Ahora bien, esa cantidad aumentará de forma progresiva hasta 1.800 euros en el caso de los jueces que resuelvan más asuntos, de modo que en el mejor de los supuestos estos últimos se beneficiarán de 58 euros más al mes que el resto.

El CGPJ ha actuado como mediador para negociar la nueva fórmula, que cuenta con el beneplácito de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora; de Jueces para la Democracia, de signo progresista; de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. El pacto con el ministerio de Justicia se cerró a finales de julio, dos meses después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hubiera recortado un 5% los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la judicatura. En la práctica, la generalización del plus de productividad a todos los jueces compensa parcialmente la reducción salarial sufrida por ese colectivo.

Carga de trabajo

Ahora bien, esa decisión sólo afecta al complemento de productividad de 2009, una partida que asciende a 6,9 millones de euros. El ministerio de Justicia y los colectivos judiciales tendrán que volver a la mesa de negociaciones para abordar el marco general de las futuras retribuciones en un contexto complicado: el número de asuntos no deja de aumentar en la Administración de Justicia (casi diez millones este año), cientos de juzgados de las grandes ciudades y sus extrarradios están saturados de expedientes por la crisis económica, que incide en las áreas de Mercantil, Civil y Social; y con ese telón de fondo persiste el malestar de la carrera judicial, tras las amenazas de huelga del pasado año por el castigo impuesto del magistrado Rafael Tirado, a raíz del 'caso Mari Luz', y en demanda de una modernización de la Justicia.

De momento, las asociaciones profesionales parecen haber frenado el sistema de incentivos que intentó establecer el Ejecutivo central, apoyándose en una ley de 2003 sobre los sueldos de la judicatura que permite remunerar mejor a los jueces más productivos. De hecho, la primera tentativa para implantar esa fórmula ya había sido frustrada por el Tribunal Supremo en 2006, cuando revocó el reglamento que desarrollaba la ley de retribuciones estableciendo un sistema de módulos de trabajo.

Expresado en lenguaje sencillo, ese reglamento asignaba un número de asuntos a resolver anualmente para cada órgano judicial -una carga de trabajo calculada por el CGPJ y denominada 'módulo'- y ofrecía una subida salarial de entre un 5% y un 10% al juez o magistrado que superara en un 20% el módulo correspondiente a su juzgado o tribunal. En cambio, el que se situara un 20% por debajo de esa línea se exponía a una rebaja del 5% del salario fijo.

El argumento esgrimido por el Supremo para suprimir esa fórmula -la ponente era Margarita Robles- fue que el rendimiento de un juez no se puede medir exactamente por la cantidad de sentencias que dicta. Aquella resolución del alto tribunal puso de relieve la gran controversia que los módulos habían generado dentro de la carrera judicial. Y es que si bien la proporción de jueces que cobraron el complemento salarial fue bastante reducida al principio, el número fue aumentando paulatinamente hasta que, cuando el Supremo anuló el sistema en 2006, el 40% de la judicatura percibía la retribución variable, lo que se había traducido en un incremento de la productividad de los tribunales.

Solución de compromiso

A partir de entonces, el ministerio de Justicia intentó mantener los incentivos salariales, tomando como referencia no los módulos, sino las estadísticas judiciales; pero la decisión del Supremo dejó 'tocado' el modelo retributivo de los jueces, que se debate en una situación de interinidad y afronta un dilema: aunque hay más jueces cada año, cómo evitar un retroceso en la productividad.

El acuerdo alcanzado el mes pasado es una solución de compromiso entre las asociaciones judiciales y el ministerio de Francisco Caamaño. El plus de productividad se repartirá entre toda la judicatura, ponderando la situación de los diferentes órdenes jurisdiccionales y, dentro de ellos, comparando a los jueces que ejercen en el mismo tipo de órganos judiciales. En cada uno de ellos, el CGPJ establecerá una especie de ránking de productividad -ya ha comenzado a reunir los datos-, de modo que el 40% de jueces más resolutivos recibirán el máximo del plus: 1.800 euros brutos.

Esa cantidad irá descendiendo proporcionalmente con dos otros grupos de jueces situados más abajo en la clasificación: el 30% que siga a los primeros y el 20% situado en la cola, que percibirá el mínimo del plus, 1.100 euros. Siempre en el bien entendido de que, actualmente, los jueces cumplen razonablemente con su trabajo y que en muchos casos tienen que hacer frente a una enorme carga de trabajo, según el Consejo General.


Fuente: diariovasco.com