Bermejo se sienta por primera vez con los sindicatos después de dos meses

Coincidiendo con el momento en que los delegados de Justicia de los sindicatos en huelga exigían a viva voz un mediador (se ofrecía el CGPJ), el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, no sólo ha desoído tal petición, sino que ha decidido asumir en persona las riendas del «conflicto», pese a que los sindicatos quieren su marcha para solventar la disputa. Un gesto a la desesperada que llegó ayer momentos después de saltar por los aires la decimotercera mesa de negociación entre Ministerio y sindicatos, a la que no acudió por vez primera UGT. Una situación que deja en vía muerta un conflicto que ha conducido a la Justicia a una inédita situación de colapso.


A través de una carta en la que lamenta «no haber logrado un acuerdo en el escenario natural y legal de la negociación», el ministro -avalado por el jefe del Ejecutivo pese al colapso de los juzgados- convocó a los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públicos de las Ejecutivas Federales de CC.OO., Miguel Vicente Segarra, UGT, Julio Lacuerda, CSI-CSIF, Domingo Fernández, y STAJ, Vicente Navarro, para mantener hoy en su despacho una reunión «definitiva». «Propongo ahora que hagamos un último esfuerzo de negociación, de aproximación, de acercamiento, que sea verdaderamente último en el sentido literal de la palabra», señala Bermejo en la misiva.

Sin embargo, los delegados sindicales de Justicia que han llevado todo el peso de las negociaciones hasta el momento se oponen a este «apartheid» de Bermejo y aseguran que estarán presentes en cualquier reunión. «Si el secretario general de Servicios Públicos no va acompañado del delegado de Justicia, no irá a la convocatoria del ministro», sostenían ayer responsables de los agentes sociales. «Sólo faltaba que Bermejo dijese ahora y a estas alturas de la democracia quién se tiene que sentar a negociar. Él no es nadie para legitimar quién nos representa, ya lo hacen nuestras elecciones sindicales», apuntaron las mismas fuentes.

De momento, sólo pisará la mullida alfombra de Bermejo sin su delegada de Justicia, Ana García, el representante de UGT, Javier Lacuerda, quien dio por desconvocados los paros, después de recibir el «compromiso» del ministro. Este paso atrás que supone la ruptura de la «unidad sindical» por parte de la Ejecutiva Federal de UGT ha derivado en una crisis interna que puede ir a más, y en la indignación de sus propias bases.

De hecho, sindicalistas de Justicia de UGT en Madrid continúan apoyando las reivindicaciones de los otros agentes sociales. «Si los trabajadores no refrendan el acuerdo, nosotros seguiremos en huelga», afirmaba Ana García. Esta desigualdad de posturas en el seno de un mismo sindicato se escenificó ayer hasta el punto de que el responsable de la sección de Justicia de UGT en Valladolid, Ángel Espinosa, anunció haber presentado su dimisión ante la decisión de la Ejecutiva Federal.
«No pueden desconvocar una huelga sin consultar antes a los trabajadores», manifestó Espinosa. A su dimisión podrían sumarse otras en las próximas horas.

Así, los agentes sociales que siguen secundando los paros ya preparan futuras movilizaciones más allá del encuentro que se celebre hoy en el despacho de Bermejo, donde podría quedar más de una silla vacía.

Por su parte, el portavoz de CC.OO., Javier Hernández, adelantó que «se ha solicitado una manifestación masiva para el próximo 9 de abril, día de la investidura del presidente del Gobierno». Entretanto, en la esfera política, el vicepresidente Pedro Solbes dijo en Eslovenia que no ve justificada la «homologación salarial» que exigen los funcionarios de Justicia del territorio no transferido. «Cada administración tiene que tener su propia autonomía para definir sus salarios en función de las prestaciones que se realizan y el trabajo realizado», agregó.

«Excesiva prepotencia»

Desde el PP, Rajoy instó al Ejecutivo a resolver este «problema» con la «mayor celeridad posible» y pidió un «poquito de humildad», ya que, dijo, este asunto se está tratando «con muy poca habilidad» y en algunos casos «con excesiva prepotencia». En la cita de ayer, los respresentantes del Ministerio, que insistieron en su anterior propuesta (180 euros mensuales a ingresar en 2008 y 2009), se levantaron de le mesa después de que los sindicatos, que piden 200 euros íntegros desde enero de este año, explicaran que el referéndum sobre su oferta fue «legítimo».

Fuente: ABC.es