Mañana se cumplen ya los dos meses de paros y «no vemos intención por parte del Ministerio de arreglar a corto plazo este gravísimo asunto», apuntó Miguel Ferré, portavoz de Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). En la jornada de ayer, los funcionarios que han secundado la huelga votaron en contra del borrador suscrito en la madrugada del martes por el Ministerio y los representantes sindicales, quienes quisieron así con la firma del texto acallar las críticas de «intransigentes» que les ha dedicado Bermejo.
El referéndum, al que estaban convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja), Ceuta y Melilla y los órganos centrales, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, arrojó un resultado demoledor. Con una participación del 75% del censo llamado a los paros -el territorio no transferido- un 85,71 por ciento de los votantes se opusieron a la última oferta de Justicia, mientras que sólo la aceptaron el 14,29 por ciento.
No obstante, más significativo fue el porcentaje de trabajadores que se pronunciaron a favor de continuar los paros durante las próximas semanas. Un 88,30 por ciento dejó claro que las protestas no cesarán, frente a un 11,70 que prefiere poner fin a las movilizaciones. Con este potente respaldo, los agentes sociales perfilan los siguientes pasos a dar. Además de dirigirse formalmente al jefe del Ejecutivo, estudian «acciones sindicales más contundentes» que las llevadas a cabo hasta ahora y manifestaciones para la próximas semanas antes las sedes del Ministerio de Justicia y del de Economía.
Decenas de miles de sentencias sin notificar, pensiones no determinadas, desahucios incumplidos, matrimonios y divorcios en el aire, nacimientos «no oficiales» -la Seguridad Social se ve obligada a admitir sólo el certificado médico-, más la posterior odisea para solicitar ayudas, colas interminables para realizar cualquier trámite en los registros, más de 130.000 actuaciones judiciales paralizadas, cerca de 50.000 juicios suspendidos... Los efectos que la huelga de funcionarios de Justicia (que seguirá su curso tras el referéndum celebrado entre los trabajadores) está teniendo en el trato de la Administración a la ciudadanía ha llevado a los usuarios a levantar la voz de alarma y a los sindicalistas a ultimar una petición expresa al presidente del Gobierno para que no renueve al ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, por su «incapacidad» para solucionar este «conflicto laboral».
Esta huelga, que ha llevado a la Administración de Justicia a un «colapso monumental», según el CGPJ, no tiene precedentes, ya que al menos se tardará un año en resolver los millares de casos que se amontonan y que afectan de forma directa y nuclear a la vida cotidiana de decenas de miles de familias, cuyos asuntos domésticos se amontonan en inoperantes juzgados.
A menos de seis días para que Zapatero haga oficial el nombre del titular que ocupará la cartera de Justicia, la huelga más larga de operarios públicos en la historia y otro de la grandes descontentos ciudadanos, junto a la crisis económica, corren en contra de un Gobierno en funciones.
El portavoz de CC.OO., Javier Hernández, insistió ayer en la rueda de prensa que clausuró el referéndum que con esta huelga «no son sólo están en juego unas reivindicaciones económicas», sino también la apuesta de los trabajadores «por ofrecer un buen un servicio público a los ciudadanos frente a un Ministerio que defiende todo lo contrario». Desde el pasado 4 de febrero, los sindicatos vienen reclamando una «homologación salarial» con los funcionarios dependientes de las administraciones autonómicas, lo que se traduciría en una subida mensual de 200 euros en los dos próximos años, a cobrar de manera íntegra desde enero.
Sin embargo, la última oferta del Ministerio contempla una subida de 180 euros mensuales a ingresar de forma fraccionada: 40 euros con efectos en 2008, desglosados en 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más, que serían abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009. Los 40 euros restantes se empezarían a pagar en abril del próximo año.
Las consecuencias de esta «batalla» también pesan sobre la continuidad de Bermejo. Si bien él mismo llegó a señalar en su primera y única comparecencia en sede ministerial -tras 52 días de huelga- que el trabajo acumulado se recuperaría en «muy pocos meses», fuentes del CGPJ, a la espera de analizar la próxima semana el informe encargado al Servicio de Inspección, adelantaron que hará falta «como mínimo un año» para poner al día este «colapso monumental».
«Efecto cascada»
Y en el horizonte, la «papeleta» para el Gobierno de encauzar las complicaciones que traería un «efecto cascada» en otros sectores como la Guardia Civil o la Policía. En este último ya existe «unidad» entre los sindicatos para reclamar una «homologación salarial» con otros cuerpos como la Ertzaintza o los Mossos «en cuanto haya nuevo ministro».
Fuente: ABC.es
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