Granada: STAJ denuncia que sólo hay 30 funcionarios para ejecutar 2.500 sentencias

Para que el colapso de sentencias pendientes se pudiese ir resolviendo en la provincia de Granada, Nicolás Núñez Muro, coordinador regional del STAJ, señala que es necesario, de forma urgente, la creación de otro Juzgado de lo Penal en Motril pues "el número de procedimientos casi triplica el de cualquier otro juzgado de la capital". Por tanto, apunta que se hace imprescindible "como mínimo otro juzgado con total urgencia". La ahora suspendida juez de Motril Adelina Entrena mantuvo en prisión a José Campoy más de un año de lo que le correspondía.

En la capital, habría que duplicar la cifra de juzgados si se tiene en cuenta que, según los datos del STAJ, "aquí estamos más que duplicando el número de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera razonable que se lleven adelante".

Los problemas de plantilla son menores, según fuentes del TSJA, en los juzgados penales de Granada que en otras provincias. Por cada doscientas cuarenta ejecutorias de un juzgado granadino, hay seiscientas en el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) estima que en Granada hay alrededor de sesenta funcionarios en los Juzgados de lo Penal de la provincia. Ocho por cada juzgado -son seis en la capital y uno en Motril- más los refuerzos que hay en sedes con acumulación excepcional de trabajo como es el caso de este último en la costa.

De ellos, la mitad, treinta, se encarga de ejecutar las sentencias que están pendientes o en proceso de ejecución. Son las denominadas ejecutorias que, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ascienden en Granada a 2.536 mientras que en 2006 eran 2.503.

El año pasado ingresaron en los juzgados penales granadinos 4.623 sentencias y se resolvieron 4.600. De las ejecutorias resueltas en 2007, un total de 943 fueron causas con preso.

Las sentencias que hay pendientes de ejecución son normalmente menores. Casos como el de Santiago del Valle , el pederasta que presuntamente asesinó a la niña onubense Mari Luz Cortés, deberían ser, en este sentido, excepcionales. Pero, como la realidad se ha encargado de demostrar, pueden ser posibles.

Comparativa. En Málaga, los sindicatos señalan que sólo hay cuarenta funcionarios para quince mil ejecutorias de sentencias. La sobreacumulación de trabajo en la capital de la Costa del Sol se debe a los problemas con el urbanismo en ciudades como Marbella. Según las fuentes sindicales granadinas, de todas formas, hay en general "un cincuenta por ciento más de funcionarios de justicia en Málaga que en Granada". Si allí hay unos mil quinientos, en la provincia habría mil. Estas fuentes insisten en que los problemas de plantilla son similares, con escasos matices, en todas las provincias andaluzas. Se realizan ajustes a las leyes y se crean nuevos tribunales sin que se contemple el aumento de personal que ha de cumplir con los nuevos desafíos sociales.

"Es como culpar al celador del hospital"

En el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, explican con paciencia la jerarquía que controla la ejecución de sentencias en estos días en los que todos quieren saber quién o quiénes fueron los culpables de que Santiago del Valle, el pederasta que presuntamente asesinó a la niña de cinco años Mari Luz, estuviera en la calle teniendo una pena por cumplir. O, más cerca, que José Campoy estuviera más de un año de lo que le correspondía en la cárcel.

Primero supervisa el juez y, bajo su responsabilidad, el secretario judicial que "vela porque los pasos judiciales se vayan cumpliendo". Todo, bajo la mirada del abogado y el fiscal. Y el funcionario que se encarga de la tramitación.

Aunque no sea su responsabilidad, señalan en el STAJ, el funcionario va a avisar de que una sentencia con pena de cárcel, por poner un ejemplo de gravedad, no se está cumpliendo. Pero su responsabilidad es "mínima por no decir nula". "Responsabilizarle de una negligencia es como culpar a un celador en un hospital, y no al médico, de que salió mal una operación".

Fuente: laopiniondegranada.es