María Teresa Fernández de la Vega se reunió el jueves con Mariano Fernández Bermejo para instarle a que resuelva hoy mismo la huelga de funcionarios que tiene paralizados los órganos judiciales de siete comunidades autónomas y otros tan importantes como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. También le transmitió el malestar del Gobierno por las críticas del ministro a los trabajadores, especialmente por cuestionar el referéndum en el que nueve de cada 10 rechazaron la oferta de Justicia.De la Vega pidió al ministro más diálogo, aunque sin perder la firmeza, en la línea manifestada el mismo jueves en Bucarest por el presidente del Gobierno. En Moncloa disgusta cómo está llevando Bermejo la negociación y no ha sentado bien que se dirigiese a los sindicatos con tanta dureza como lo hizo en la rueda de prensa que ofreció el jueves, en la que calificó de «muro de intransigencia» a la plataforma que negocia con el Ministerio y de «fraude flagrante, impropio de un sistema democrático», el referéndum de trabajadores que deparó un resultado desolador para la propuesta del Ministerio. El Ejecutivo considera que las convocatorias asamblearias de los colectivos de funcionarios son legítimas, y de hecho es la forma habitual en que las centrales sindicales llevan a cabo consultas similares.
Entre los trabajadores ya existía un notable rechazo hacia la figura de su ministro, especialmente después de que sugiriese en distintas ocasiones que en la Administración de Justicia existe un «elevado absentismo laboral» y que el personal no está suficientemente cualificado. De hecho, en la manifestación que recorrió el centro de Madrid hace siete días, la practica totalidad de consignas y de pancartas aludía a esas declaraciones de Bermejo.
Esta inquina manifiesta de los funcionarios hacia el responsable de su Departamento puede perjudicar los planes de actuación previstos para recuperar los retrasos acumulados por la huelga, y la implantación de las anunciadas reformas en la Oficina Judicial para mejorar la eficacia del sistema, puesta en duda en el debate público en los últimos días. Principalmente, porque serán los propios trabajadores que ahora están en huelga los encargados de ejecutarlos.
Tras el fracaso, ayer, de la última mesa de negociación, Bermejo adelantó a hoy mismo la convocatoria de una reunión con los secretarios generales de los sindicatos convocantes -CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ- para desbloquear el conflicto. Puentea así a los negociadores habituales por haber «perdido la confianza» en ellos, según el Ministerio.
Su previsión era celebrar ese encuentro el lunes, pero la orden de la vicepresidenta ha tenido un efecto fulminante. Por esa repentina celeridad y porque Justicia ha anunciado que el propio ministro asumirá personalmente la negociación, por primera vez después de dos meses de una huelga que ha paralizado los órganos judiciales de media España y que ha acumulado un retraso que puede tardar un año en recuperarse.
El tono de la misiva es, además, todo lo que Bermejo no ha sido hasta ahora con los funcionarios en sus declaraciones públicas: abiertamente conciliador, en la línea de lo que le reclama el Gobierno. Donde había «un muro de intransigencia», ahora reconoce un «esfuerzo» («estoy seguro de que los sindicatos y los trabajadores también sienten que han hecho el esfuerzo de arriesgar sus retribuciones y de soportar la tensión que entraña la defensa activa y pública de sus peticiones», se lee en la carta).
La urgencia para alcanzar un acuerdo hoy mismo se reproduce más adelante: «Propongo ahora que hagamos un último esfuerzo de negociación, de aproximación, de acercamiento, que sea verdaderamente último [destacado este término en negrita en el original] en el sentido literal de la palabra, es decir, que propicie un entendimiento satisfactorio para todos».
«También creo que, después de un conflicto tan largo y tan tenso, es preciso que el acuerdo final no haga sentir a nadie derrotado o vencido», concluye Bermejo.
LAS RAZONES DE DOS MESES DE CAOS
Lo que piden los funcionarios: un incremento de 200 euros al mes, con efectos a enero de 2008.
Lo que ofrece el Ministerio: 60 euros más al mes en enero de 2008, y otros 80 en enero de 2009, más una paga única de 960. 40 más al mes en abril de 2009.
Las diferencias: un agente de la Justicia no transferida cobra 1.091 euros al mes. En el resto puede llegar a 1.431 en 2009.
Lo que supone: la subida costaría 30 millones de euros, un 2% del presupuesto anual del Ministerio (1.523 millones).
Parálisis total: desde el 4 de febrero, se han suspendido más de 130.000 actuaciones judiciales en toda España.
Fuente: elmundo.es
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