El Gobierno regional se ha fijado «la Justicia» como una «prioridad absoluta». Así lo aseguró ayer el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en un acto con los agentes implicados con esta Administración, ante los que comprometió su palabra para garantizar que en esta legislatura -Cantabria asume las competencias el 1 de enero- habrá «cambios sustanciales».
Ayer, el salón Santillana del Hotel Bahía se quedó pequeño para acoger a los asistentes (jueces, magistrados, abogados, procuradores, fiscales y empleados públicos) al acto organizado por la Consejería de Presidencia y Justicia para explicar el proceso de transferencias y los objetivos de la legislatura.
El presidente se mostró convencido de que desde Cantabria se podrán solucionar mejor los problemas de la Administración de Justicia y afirmó que con esta nueva competencia la comunidad da un salto adelante en su autogobierno. Revilla se mostró seguro de la capacidad de la región para afrontar este reto, tanto por la solvencia del consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, como por las buenas transferencias firmadas con el Estado.
Por su parte, Mediavilla explicó que la política en materia de Justicia girará en torno a tres ejes esenciales, que persiguen la mejora del servicio al ciudadano: la unificación de las sedes judiciales, la modernización tecnológica y la mejora en la gestión.
Además, se mostró partidario de incrementar el ámbito competencial de la comunidad y posibilitarle la creación de nuevos órganos judiciales. Mediavilla agradeció la colaboración que todo el sector ha prestado a la consejería en el proceso de negociación con el Estado e hizo un llamamiento a que esa colaboración se mantenga, porque «si todos remamos en la misma dirección podremos profundizar en ese objetivo de modernización». Asimismo, abogó por trasladar esa cooperación a las comisiones mixtas (Gobierno-Poder Judicial) y al Consejo Asesor de Justicia.
En el acto de ayer también tomó la palabra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Cesar Tolosa, como representante del Poder Judicial. Y lo hizo no sólo para garantizar la absoluta lealtad y colaboración, si no para afirmar que también será «absolutamente celoso» en la defensa de la independencia del Poder Judicial.
Afirmó que es hora de dejar las declaraciones de intenciones para ponerse a trabajar. Y para demostrarlo, su intervención sirvió para plantear al Gobierno las «imperiosas necesidades» a afrontar. Entre ellas, la inmediata constitución de las comisiones mixtas y una política conjunta en materia de creación de órganos judiciales para que el Gobierno regional «formule propuestas» y ejerza «influencia política» a favor de las necesidades de Cantabria, aunque sea una competencia de la Administración central.
Pidió el «refuerzo» de la Audiencia Provincial, los Juzgados de lo Penal y los órganos de algunos partidos, como el de Castro Urdiales. Reclamó un refuerzo de las plantillas y acabar con la dispersión de sedes judiciales y con la precaria situación de algunas, como Laredo y Santoña. Tolosa pidió nuevas tecnologías y políticas de seguridad en los edificios judiciales, de prevención de riesgos laborales y una mejor política de suministros.
Ayer, el salón Santillana del Hotel Bahía se quedó pequeño para acoger a los asistentes (jueces, magistrados, abogados, procuradores, fiscales y empleados públicos) al acto organizado por la Consejería de Presidencia y Justicia para explicar el proceso de transferencias y los objetivos de la legislatura.
El presidente se mostró convencido de que desde Cantabria se podrán solucionar mejor los problemas de la Administración de Justicia y afirmó que con esta nueva competencia la comunidad da un salto adelante en su autogobierno. Revilla se mostró seguro de la capacidad de la región para afrontar este reto, tanto por la solvencia del consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, como por las buenas transferencias firmadas con el Estado.
Por su parte, Mediavilla explicó que la política en materia de Justicia girará en torno a tres ejes esenciales, que persiguen la mejora del servicio al ciudadano: la unificación de las sedes judiciales, la modernización tecnológica y la mejora en la gestión.
Además, se mostró partidario de incrementar el ámbito competencial de la comunidad y posibilitarle la creación de nuevos órganos judiciales. Mediavilla agradeció la colaboración que todo el sector ha prestado a la consejería en el proceso de negociación con el Estado e hizo un llamamiento a que esa colaboración se mantenga, porque «si todos remamos en la misma dirección podremos profundizar en ese objetivo de modernización». Asimismo, abogó por trasladar esa cooperación a las comisiones mixtas (Gobierno-Poder Judicial) y al Consejo Asesor de Justicia.
En el acto de ayer también tomó la palabra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Cesar Tolosa, como representante del Poder Judicial. Y lo hizo no sólo para garantizar la absoluta lealtad y colaboración, si no para afirmar que también será «absolutamente celoso» en la defensa de la independencia del Poder Judicial.
Afirmó que es hora de dejar las declaraciones de intenciones para ponerse a trabajar. Y para demostrarlo, su intervención sirvió para plantear al Gobierno las «imperiosas necesidades» a afrontar. Entre ellas, la inmediata constitución de las comisiones mixtas y una política conjunta en materia de creación de órganos judiciales para que el Gobierno regional «formule propuestas» y ejerza «influencia política» a favor de las necesidades de Cantabria, aunque sea una competencia de la Administración central.
Pidió el «refuerzo» de la Audiencia Provincial, los Juzgados de lo Penal y los órganos de algunos partidos, como el de Castro Urdiales. Reclamó un refuerzo de las plantillas y acabar con la dispersión de sedes judiciales y con la precaria situación de algunas, como Laredo y Santoña. Tolosa pidió nuevas tecnologías y políticas de seguridad en los edificios judiciales, de prevención de riesgos laborales y una mejor política de suministros.
Fuente: eldiariomontanes.es
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