Ni Lexnet, ni Oficina Judicial. Los juzgados unipersonales de Ciudad Real, los únicos del territorio del Ministerio de Justicia en los que se experimentará con el proyecto de crear una oficina única para trámites comunes a todos los juzgados no termina de arrancar, y con él el sistema informático que posibilitará que sus usuarios puedan prescindir del formato papel y efectuar sus comunicaciones por medios telemáticos, sin necesidad de desplazarse para presentar escritos y documentos.Éste es el sentido de Lexnet, la herramienta que modernizará y agilizará la justicia que debería haberse implantado en los órganos unipersonales de la capital de la provincia -con sede unificada en el nuevo Palacio de Justicia de Larache- este año, pero que según confirma la Junta de Personal de Justicia y la juez decana, Isabel Serrano, no es así. “Me consta que están en ello, pero todavía no estamos funcionando con ese sistema”, añade Serrano, por lo que el Lexnet llegará en los próximos meses, pero ya en 2008.
Y eso que el informe que el Ministerio de Justicia remitió al primer Consejo de Ministros del mes sobre el Plan de Implantación del Sistema Informático Lexnet daba los juzgados unipersonales de Ciudad Real (primera instancia, social instrucción, contencioso administrativo y decanato) como uno de los lugares en los que ya se ha implantado, si bien la misma información precisa que “en las sedes pilotos de la nueva Oficina Judicial [de momento y que se sepa sólo Ciudad Real] el aplicativo estará operativo en el primer semestre de 2008”.
Este sistema informático lo ha desarrollado el Ministerio de Justicia en colaboración con los colectivos profesionales usuarios: procuradores, abogados y graduados sociales, de hecho, los abogados de Ciudad Real han sido los primeros en Castilla-La Mancha en disponer de la firma electrónica, mediante una tarjeta similar a la de crédito, que ya les permite hacer trámites por internet con completa seguridad ante algunas administraciones. Además está prevista la incorporación gradual al sistema de otros colectivos como la Abogacía del Estado y el ministerio fiscal, así como la de otros potenciales usuarios, como los registradores de la propiedad, notarios, etc. El sistema supondrá toda una revolución en los trámites ante los juzgados.
Y todo esto mientras se cierra un año en que los funcionarios de Justicia de la provincia, como los de todo el territorio que aún depende del Ministerio (el 90%) están descontentos. Con las transferencias paradas, los funcionarios pretenden que Justicia equipare sus salarios, a través del complemento específico, al de los trabajadores públicos de las comunidades que tienen transferencias.
Fuente: Lanza Digital
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