Manuel Aynaguno, funcionario de la Fiscalía de Tungurahua, asegura que la apertura de las nuevas unidades indígenas son un gran paso para la administración de justicia y advirtió: “La justicia indígena, debe asociarse con Juntas del Campesinado”.
El proyecto de las fiscalías indígenas pretende que los miembros de las comunidades accedan a las instituciones rectoras de la Ley reconocidas por la Constitución. De esta forma se quiere evitar, por ejemplo, los ajusticiamientos y otras formas violentas de Justicia.
Los indígenas practican castigos ancestrales. Por ejemplo, cuando un ladrón es capturado, los comuneros dejan al acusado en ropa interior y luego de ortigarlo lo bañan con agua fría en público. Esta práctica es además un rito de purificación.
Pero las costumbres no eximen a los imputados de sus culpas. Eso lo tienen claro las fiscalías de Cotopaxi y Tungurahua.
Rosa Álvarez, ministra fiscal de Tungurahua, concuerda en que el proceso que seguirán los agentes indígenas es el mismo que establece el Código Penal. Esto quiere decir que se realiza la investigación del supuesto delito con la Policía Judicial. Si en las investigaciones se determina que hay pruebas, se abre la instrucción. Después el caso va ante el juez de lo Penal y si este llama a juicio el acusado deberá presentarse ante un tribunal. “No habrá ni juzgados ni tribunales indígenas”.
Segundo Chaluis, fiscal indígena de Ambato, cree que en el futuro serán necesarios juzgados y tribunales indígenas.
Fuente: elcomercio.com
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