Madrid: Concentración espontánea y atascos en la Castellana

Unos 1.500 funcionarios de Justicia cortaron a mediodía de ayer el tráfico en Madrid en una concentración espontánea a la altura de la sede general de los Juzgados de Plaza Castilla dando lugar a largos atascos en el paseo de la Castellana para protestar por la precariedad laboral y demandar a la Comunidad de Madrid que mejore "sus condiciones laborales y retributivas" ya que, en la actualidad, son "los peores pagados de todas las comunidades autónomas a pesar de ostentar el 38% del volumen de asuntos del Estado".

Durante la concentración, que se celebró tras la conclusión de una asamblea organizada por los sindicatos para abordar el desarrollo de la huelga indefinida, hubo momentos de tensión con los dispositivos policiales que trataban de impedir las protestas de los funcionarios que exhibían carteles que exponían mensajes como "Prada entierra la justicia de Madrid".

"Esta manifestación que responde al malestar de todos los trabajadores tienen con la actitud que está teniendo el Gobierno de Esperanza Aguirre con la Justicia", concretó Felicidad López, representante de CC.OO. "Pedimos responsabilidades políticas fundamentalmente al señor Prada porque no ha aparecido en 8 meses de huelga en ningún momento a ninguna mesa de negociación y sólo lo ha hecho el pasado día 19 de noviembre para amenazarnos que no habrá negociación mientras no haya convocatoria de desmovilizaciones", puntualizó López.

Según la representante sindical, en la actualidad los funcionarios de justicia de la comunidad de Madrid, cobran "246 euros menos que Cataluña, 286 menos que Euskadi, 256 menos que Navarra y 96 menos que Andalucía". "Somos los peores pagados de todas las comunidades autónomas a pesar de que ostenta el 38 por ciento del volumen de asuntos de todo el Estado", concretó.

Por su parte, un representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Alberto García, destacó que esta huelga indefinida ha obtenido un "seguimiento histórico que ronda el 78 por ciento" y afecta a unos 7.500 trabajadores, de un total estatal de "unos 35.000 funcionarios". "Se están suspendiendo muchísimos juicios y produciendo un gran perjuicio a los administrados", aclaró.

Fuente: Interbusca