La reciente captura de un menor colombiano, de 15 años de edad, cuando intentó asesinar a un testigo protegido, en plena Sala de audiencias del Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha; y la verificación de que este joven tenía una lista de personas a quienes debía privar de la vida, demuestra que los jueces y funcionarios que laboran en la Justicia, están en peligro de muerte.
Al inicio del mes, bajo la responsabilidad del juez Décimo Quinto de lo Penal de Pichincha, Dr. Freddy San Martín, se juzgaba a un individuo acusado de narcotráfico. Para rendir testimonio, estaba el señor Carlos Gómez Junco. De pronto, en la Sala de sesiones del Juzgado a cargo de la jueza Dra. Angelita Sarmiento, un individuo cayó con estertores, como si sufriese ataque epiléptico. Parece que ése fue el momento para que, en la confusión, el menor dispare y mate al testigo; y, a lo mejor, al juez San Martín (que estaba en lista), a la jueza Dra. Sarmiento y al oficial de Policía encargado de la custodia del preso. Los dos jueces habían resuelto casos en que los acusados de narcotráfico salieron mal parados. Sin embargo, hubo dos heridos por arma de fuego.
Hace algunos años, asesinaron al Presidente de la Corte Superior de Quito Dr. Iván Martínez Vela, según se supo entonces por haber resuelto un caso de narcotráfico de manera adversa a los acusados. Más reciente aún es el asesinato de la funcionaria de la Corte Superior de Quito, Lcda. Blanca Cando. Muchos sospechan, aunque no se dice públicamente, que la elegida para el asesinato era una Ministra que había resuelto en contra de narcotraficantes, pero el sicario se equivocó de persona y disparó a la Lcda. Cando.
No es lejano tampoco, el asesinato del ministro de la Corte Contencioso Administrativa Dr. Ernesto Muñoz Borrero. En esa Corte no despachan asuntos penales, pero sí sobre contratos con el Estado. Fue tal la saña de los asesinos, que lo golpearon hasta destrozar su cabeza.
En el área civil, el 2 de marzo del presente año fue asesinado, con disparo de arma de fuego, el juez de Machala, Dr. Tranquilino Aguilar Sánchez. Todo fue que negara un recurso de amparo, para que presenten contra él denuncia tras denuncia al Consejo de la Judicatura. Las fue despejando una a una; pero -al parecer- perdieron la paciencia y lo tirotearon, cuando en compañía de su señora esposa ingresaba a su domicilio.
Los hechos prueban la completa indefensión y la total falta de protección de los funcionarios de Justicia: auxiliares, jueces, fiscales, testigos, no solo del primer nivel, sino también de los tribunales penales y de las cortes. Hoy cuando se ha creado el Ministerio de Justicia, el primer deber consistirá en asegurar protección a todos ellos, so pena de que sigan cayendo ante las balas de los asesinos. Igual obligación es del Consejo de la Judicatura.
Es hora de que el Consejo atenúe su concepción respecto a magistrados y jueces, contra quienes hay lluvia de quejas, las más sin fundamento y que piden que los sancionen. Esa actitud provoca desaliento en los judiciales; y en ese ambiente, incluso con peligro de muerte por sicarios o resentidos, la Justicia no puede trabajar.
Fuente: elcomercio.com
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