El Gobierno de Cantabria asumirá el 1 de enero de 2008 las competencias de Justicia, para lo que recibirá del Estado 27 millones de euros con los que tendrá que gestionar 18 edificios judiciales en los que trabajan 611 empleados públicos y acometer una "modernización estructural" de esta administración.El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, informó ayer en rueda de prensa sobre el acuerdo alcanzado ayer con el Ministerio de Justicia tras unas negociaciones que calificó de "largas y muy duras", pero al final "exitosas para los intereses de los ciudadanos", porque se han satisfecho todas las pretensiones puestas "encima de la mesa".
El coste efectivo de la transferencia se ha fijado en 25,3 millones de euros a efectos del 2006, con lo que tras las actualizaciones el 1 de enero del 2008 se elevará a 27,1 millones, una cantidad a la que se suman 5 millones que el Ministerio de Justicia entregará a Cantabria entre el 2009 y el 2011 para las obras de construcción de sedes judiciales.
El mayor importe del coste efectivo, que se actualizará anualmente, corresponde con los gastos de personal, que ascienden a 16,9 millones de euros, seguido por los gastos corrientes (4,9), las subvenciones a los colegios de abogados y procuradores y juzgados de paz (1,5) y las inversiones en informática, obras y patrimonio (3,6).
La cantidad conseguida, que supera en casi 17 millones de euros (+111%) la oferta inicial del Ministerio, "asegura la financiación de la modernización estructural de la Administración de Justicia" y es una cifra que la Consejería de Presidencia nunca pensó conseguir.
"Nunca fuimos tan optimistas", afirmó Mediavilla, quien explicó que en toda su etapa en el Gobierno nunca había vivido un proceso de negociación "tan duro y tan exitoso como el culminado" y dijo que esta transferencia es la mejor realizada hasta ahora por una comunidad autónoma.
El consejero opinó que el cambio de equipo ministerial ha "beneficiado sustancialmente" a Cantabria, porque con el nuevo equipo se han conseguido acuerdos que en la etapa de Juan Fernando López Aguilar como ministro estaban "bloqueados".
El Gobierno de Cantabria construirá la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Provincial y la Fiscalía en el edificio de Tabacalera, en la calle Alta; un Instituto de Medicina Legal en Candina y un nuevo complejo judicial en Torrelavega, que albergará los seis juzgados de primera instancia e instrucción dispersos por la ciudad.
El Ministerio de Justicia financiará íntegramente las obras ya en marcha del Complejo Judicial de Las Salesas, que ha quedado "al margen del proceso y será entregado a la comunidad autónoma cuando la reforma esté acabada.
Según el consejero, en esas obras, en su opinión fundamentales para garantizar un buen servicio, ha estado "el pulso y la inicial resistencia" del Ministerio de Justicia, frente a la que el Gobierno regional ha mantenido "una postura inflexible", dijo.
Cuando se haga efectivo el traspaso, se transferirán a la comunidad autónoma 611 empleados públicos, entre funcionarios y laborales, y 18 inmuebles, incluido el mobiliario y equipamiento informático y telemático.
Cantabria recibirá siete sedes en Santander, dos de ellas en régimen de alquiler; tres en Torrelavega, de las cuales sólo una es ahora propiedad del Ministerio; los edificios de los juzgados de Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, San Vicente de la Barquera y Reinosa y los inmuebles de los Juzgados de Paz de Camargo y El Astillero.
El consejero apuntó que la asunción de esta transferencia es "un argumento más" para modificar el Estatuto de Autonomía en la próxima legislatura, siguiendo la senda iniciada por la comunidad de Andalucía.
Mediavilla explicó que el artículo cuatro del Estatuto, que se refiere a la administración de justicia, está obsoleto, al tiempo que abogó por "ir reconociendo más" el papel de las comunidades autónomas y su capacidad de decisión sobre cuestiones como la creación de órganos judiciales o los consejos de justicia, con funciones descentralizadas del Consejo General del Poder Judicial.
El consejero dijo que Justicia es la competencia más importante que queda por transferir, porque se trata de un servicio público "esencial" con el que se garantizan los derechos de los ciudadanos y por el volumen de los medios materiales y personales que recibirá la comunidad.
Además, señaló que el actual Gobierno es el único que "cree en la administración de justicia" y se "toma en serio" que se trata de un servicio esencial, porque los anteriores, añadió, "no hicieron nada" para asumir la competencia.
La Consejería de Presidencia trabaja ya en la planificación de las inversiones y la adecuación de los equipos informáticos para dejar este trabajo listo a los futuros responsables de este departamento.
Fuente: eldiariomontanes.es
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