El Gobierno de la Nación y el Ejecutivo cántabro culminaron ayer el traspaso de competencias en materia de Justicia a la comunidad autónoma en lo que definieron como "un fortalecimiento del Estado de las autonomías". El traspaso incluye 668 puestos de trabajo y 18 inmuebles, con un coste total de 26.469.000 euros, a los que hay que añadir otros cinco millones de euros en inversiones que se entregarán en los próximos cuatro próximos años.Los ministros de Administraciones Públicas y Justicia, Jordi Sevilla y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente, y el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabro, José Vicente Mediavilla, firmaron ayer el acuerdo que termina con tres años de negociaciones para el traspaso de las competencias en materia de Justicia.
Sevilla explicó que este acuerdo demuestra que el Ejecutivo potencia el "principio de cooperación" y su "confianza en la Constitución" y supone una "apuesta" por el Estado de las autonomías. Así, mostró su "convicción" de que el traspaso competencial "lejos de debilitar, fortalece a España como país". "Es bueno recordarlo en estos momentos", aseveró.
En la misma línea se manifestó el titular de la cartera de Justicia, quien aseguró que este acuerdo "demuestra que España no se rompe sino que se fortalece" y calificó la firma como la culminación de una negociación "entre partes de un todo, partes que construyen España".
Con este traspaso, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2008, Cantabria se convierte en la segunda comunidad autónoma que pasa a asumir la gestión de la Administración de Justicia en lo que va de legislatura, tras Asturias, y se sitúa como la tercera que más traspasos ha recibido en los últimos tres años con 11 materias. El ministro de Administraciones Públicas reconoció que espera que alguna comunidad más asuma estas competencias durante la actual legislatura.
En la Comisión Mixta de Transferencias también se acordó el traspaso a Cantabria del Centro de Información de los Derechos de la Mujer a partir del día 1 de julio de 2007. De esta forma, Cantabria asumirá las funciones y servicios de este centro que hasta ahora venía realizando el Instituto de la Mujer y, además, supone el traspaso de los medios económicos a la comunidad autónoma, que tienen un coste de 63.500 euros.
El consejero mostró su "gran satisfacción" por la firma del acuerdo e insistió en la idea de que con él "se fortalece el Estado de las autonomías y la nación española". Además, explicó que la gestión por parte de la administración más cercana de los recursos de Justicia permitirá gestionar los procesos judiciales "de una manera más eficaz y eficiente".
Mediavilla criticó las declaraciones del secretario de Libertades, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, calificando el traspaso de competencias de "oportunismo" electoral y acusó a los 'populares' de haber rechazado siempre el traspaso de competencias a Cantabria. "Rechazo esas afirmaciones, ya he dicho que fortalece el Estado de las autonomías", subrayó.
En este sentido, defendió que el Gobierno autonómico apostó "decididamente" por el traspaso de competencias y se mostró "convencido" de que si el PP hubiese gobernado el acuerdo nunca se hubiera cerrado. Además, opinó que las declaraciones de Astarloa denotan "desconocimiento" del largo proceso de negociación que requieren estos acuerdos. "Astarloa ya nos tiene acostumbrados a los españoles a no decir la verdad en algunas ocasiones", concluyó.
Fuente: eldiariomontanes.es
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