La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por sentencias de derribo, ha denunciado las "diferentes varas de medir" aplicadas por la justicia a particulares e instituciones públicas en relación con este tema.
En una "carta abierta" dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, el presidente de la asociación, Antonio Vilela, asegura que no se entiende que se condene a un particular a un año de cárcel por un delito de estafa por vender una vivienda con sentencia de derribo y, sin embargo, "no haya nadie condenado por 22 sentencias de derribo que condenan al Gobierno y a los ayuntamientos de Argoños (16 sentencias), Arnuero (1) y Piélagos (5), que suman más de mil viviendas".
Tras preguntarse si "no es esto una estafa institucional", Vilela señala que "aún entendemos menos que en las sentencias se diga que el daño no está realizado hasta que se produzca el derribo, cuando nuestras viviendas hipotecariamente valen cero euro, y si las vendemos cometemos un delito de estafa por el cual podemos ir a la cárcel". En su opinión, "lo razonable" es que "quienes han cometido los presuntos delitos, faltas o negligencias deberían pagar con su patrimonio los altos costes que estas sentencias tienen para todos, pero no gente inocente".
Añade que "tampoco comprendemos como es posible que el TSJC no acate ni siquiera los acuerdos tácitos entre las partes". En este sentido, hace referencia al proyecto de derribo presentado por el Ayuntamiento de Argoños, contra el que el TSJC "se manifiesta contrario" y asegura que "a veces vemos más intención de derribar por parte del Tribunal que de los propios demandantes". "¿Acaso no se cumplen las sentencias derribando una vivienda ilegal y construyendo una legal?, o si en Argoños tenemos 78 viviendas con sentencias de derribo al considerar por error construidas 14 fuera del municipio, y hoy es firme e indiscutible que todas están dentro del mismo, ¿acaso no se cumple la ley regularizando esa situación", se pregunta Vilela. Recuerda por último a Tolosa que la asociación le ha pedido "hace mucho tiempo" una reunión y subraya que los afectados "nunca hemos incumplido la ley y por ello no nos merecemos el trato y la situación que soportamos".
En una "carta abierta" dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, el presidente de la asociación, Antonio Vilela, asegura que no se entiende que se condene a un particular a un año de cárcel por un delito de estafa por vender una vivienda con sentencia de derribo y, sin embargo, "no haya nadie condenado por 22 sentencias de derribo que condenan al Gobierno y a los ayuntamientos de Argoños (16 sentencias), Arnuero (1) y Piélagos (5), que suman más de mil viviendas".
Tras preguntarse si "no es esto una estafa institucional", Vilela señala que "aún entendemos menos que en las sentencias se diga que el daño no está realizado hasta que se produzca el derribo, cuando nuestras viviendas hipotecariamente valen cero euro, y si las vendemos cometemos un delito de estafa por el cual podemos ir a la cárcel". En su opinión, "lo razonable" es que "quienes han cometido los presuntos delitos, faltas o negligencias deberían pagar con su patrimonio los altos costes que estas sentencias tienen para todos, pero no gente inocente".
Añade que "tampoco comprendemos como es posible que el TSJC no acate ni siquiera los acuerdos tácitos entre las partes". En este sentido, hace referencia al proyecto de derribo presentado por el Ayuntamiento de Argoños, contra el que el TSJC "se manifiesta contrario" y asegura que "a veces vemos más intención de derribar por parte del Tribunal que de los propios demandantes". "¿Acaso no se cumplen las sentencias derribando una vivienda ilegal y construyendo una legal?, o si en Argoños tenemos 78 viviendas con sentencias de derribo al considerar por error construidas 14 fuera del municipio, y hoy es firme e indiscutible que todas están dentro del mismo, ¿acaso no se cumple la ley regularizando esa situación", se pregunta Vilela. Recuerda por último a Tolosa que la asociación le ha pedido "hace mucho tiempo" una reunión y subraya que los afectados "nunca hemos incumplido la ley y por ello no nos merecemos el trato y la situación que soportamos".
Fuente: Cantabria Liberal
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