“Ha habido graves injerencias del Gobierno en la labor judicial, en el trabajo como magistrada de la jueza Laura Alabau”. Así de contundente se mostró Diego Elum, abogado de la magistrada de Dénia que se atrevió a plantear la inconstitucionalidad del matrimonio homosexual en julio de 2005 y fue respondida desde el Ministerio de Justicia de López Aguilar con “una batería de descalificaciones”.El propio ex ministro, el teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, y la Directora General de Registros, Pilar Blanco-Morales, se pronunciaron en contra de la iniciativa de Alabau.
La primera “injerencia” llegó por parte de la directora general del Ministerio Pilar Blanco-Morales al emitir una instrucción en la que decía que los jueces de los registros civiles, como la propia Alabau, “no disponen de potestad” para plantear la inconstitucionalidad de la ley del Gobierno de Zapatero.
“Una directora general no puede mandar sobre un juez”, subrayó Diego Elum. “No toleraban que alguien, desde su independencia como juez, iniciara un proceso de inconstitucionalidad contra una ley dad por el Gobierno”, argumentó.
La segunda “intromisión” de la directora general, para el representante de Alabau, llegó cuando calificó de “censurable” la actuación de Alabau, apuntó que actuaba “en fraude de ley” y que no estaba legitimada a plantear ninguna cuestión de inconstitucionalidad. “Es intolerable. Son palabras durísimas”, puntualizó Elum.
“Son palabras intolerables y pulverizan el Estado de Derecho”, apostilló el letrado, ante la imposibilidad de que se pronuncie la magistrada, amenazada de sanción.
La tercera “grave injerencia” fueron las insinuaciones del teniente fiscal de Alicante, quien “actuando como apéndice del Gobierno” aludió a que la jueza de Dénia paralizaba los expedientes de matrimonios. Elum responde tajante: “Eso es absolutamente falso. Ni hubo bloqueo ni dilación ni ninguna anomalía”.
Esas frases del teniente fiscal hicieron que Alabau se quejara al fiscal jefe “por la persecución del aparato propagandístico del Gobierno”.
Y esa queja, recogida por los medios, hizo que el Ministerio de Justicia instara a que la jueza de Dénia fuera expedientada. De hecho desde el TSJ finalmente se ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial una sanción por falta grave y otra leve.
Elum también arremete con dureza contra la cuarta intromisión del Ejecutivo: “las manifestaciones del ex ministro López Aguilar” en las que dijo que la ley impedía a la jueza cuestionar la legalidad de los enlaces de lesbianas y de gais.
Según explica el letrado de la magistrada de Dénia, todas esas manifestaciones públicas, las instrucciones y presiones de la Dirección General y el expediente atentan directamente contra la independencia de los jueces en el ejercicio de su labor. La separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es fundamental en un Estado de Derecho.
Diego Elum reitera que la jueza no paralizó ningún matrimonio. Eso le habría podido suponer ser acusada formalmente de un delito. “La propia propuesta de sanción a la magistrada recoge que no hubo ninguna irregularidad”, destaca.
Además, el abogado de la titular del juzgado número 3 y el registro civil de Dénia recuerda que Laura Alabau “ha celebrado matrimonios de homosexuales españoles”. Matiza lo de españoles, ya que la jueza ha negado el enlace a los extranjeros, alegando que deben regirse por las leyes de su país.
Fuente: Las Provincias.es
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