La junta de personal de los funcionarios de la administración de justicia en Lérida comenzaron una campaña de recogida de firmas para solicitar la retirada del anteproyecto de remodelación del edificio del Canyeret y la construcción de unos nuevos edificios que alberguen los juzgados de Lérida. Con esta acción se recopilarán las rubricas de trabajadores y usuarios descontentos con los accesos del edificio judicial y que firmarán su conformidad con el lema: “No a la reforma del Canyeret. Por un nuevo edificio judicial con accesos dignos para todos”.La Junta de personal que engloba a todos los sindicatos de justicia intentará recabar el apoyo de los diferentes colectivos de discapacitados y colectivos con dificultades de movilidad (personas mayores, personas con carritos de niños, lesionados...), como principales afectados por la deficiente accesibilidad a la zona urbana donde se ubica el edificio.
La Junta de Personal manifestó que tras realizar diversas reuniones con los representantes de los diferentes colectivos que prestan sus servicios en el Canyeret y tras constatar que “todos unánimamente se oponen al anteproyecto de reforma” han decidido tomar las medidas oportunas, sin descartar posibles movilizaciones, para frenar la reforma del edificio.
A preguntas sobre si temían que el presupuesto para hacer la reforma, 15 millones de euros, se desvíe, por la negativa de todos los colectivos, a otra demarcación como Tarragona o Gerona; los sindicatos respondieron: “No tenemos ésta preocupación ya que la reforma de la nueva oficina judicial se tiene que llevar a cabo”.
Los jueces del Canyeret ya transmitieron una carta al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) comunicándoles su desacuerdo en la reforma de los juzgados de Lérida y realizando un conjunto de apreciaciones en las que expusieron la cantidad de perjuicios que acarrearán, para el ejercició de sus funciones, la reforma propuesta. Los jueces aseguran que ellos son simples trabajadores y el edificio es propiedad de Justícia. Aún así, informan que unas obras con fecha inicial en 2008, con fecha de finalización de obras en 2012 y con una estimación de que el edificio se quede anticuado en 2017 supone afrontar un desgaste que “quizás no valga la pena”.
La reforma no solventaría la dificultad de accesos, la ausencia de aparcamiento y los problemas que tienen tanto los Mossos d’Esquadra que trasladan presos como los servicios funerarios para maniobrar en un lugar que tiene sólo una carretera en un sentido. Además, la propuesta, que aunque parece estar muy estudiada, no se sabe si cuenta con la presencia de humedades que hay en el interior del edificio.
Los altos cargos del Canyeret se reunirán con Justícia para intentar negociar una solución a la propuesta que tiene el departament para ampliar el Canyeret y que cuenta con la negativa de todos y cada uno de los colectivos que trabajan en los juzgados. La opinión del Presidente de la Audiencia y del Fiscal jefe es un tanto diferente aunque también contraria a la reforma. El Presidente ya mostró su disconformidad con una reforma que pretende ganar 2500 metros cuadrados al edificio realizando un agujero en el que se construyan dos plantas subterráneas asegurando: “los edificios se construyen hacia arriba, nunca hacia abajo”. Aseguró que la solución más cómoda para todos es la de construir otro edificio más.
Fuente: La Mañana
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