El informe del Defensor del Pueblo referido a 2006, que fue entregado en el Congreso de los Diputados, alerta de la situación 'alarmante' que registran muchos órganos judiciales por la tardanza a la hora de resolver sus procedimientos. Entre los casos destacados está el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, que actualmente está señalando vistas para recursos que le fueron presentados en 2001 y apelaciones instadas en 2005.
Este tribunal, según destaca el Defensor del Pueblo, 'sigue arrastrando sorprendentes retrasos en la tramitación de sus asuntos', como el de una ciudadana a la que Hacienda denegó la jubilación por enfermedad en 2004, y que dos años más tarde fue informada por el personal de esta Sala de que 'como mínimo' faltaban otros dos más para que se pudiera resolver su recurso.
El TSJA viene presentando unos índices de entrada de asuntos muy altos en los últimos cinco años, según ha constatado la investigación del Defensor del pueblo, y la alta pendencia no parece resolverse pese a la creación de nuevas plazas de magistrado en este órgano.
Por ello, esta institución está elaborando una recomendación dirigida al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 'para que se adopten las medidas necesarias, adecuadas y urgentes para paliar la situación actual'.
El informe cita igualmente al TSJ de Cataluña, donde un vecino presentó un recurso contencioso en 2003 que, aunque se tramitó de forma rápida, no tuvo fecha para votación y fallo de la sentencia hasta 2006. La Fiscalía General del Estado informó al respecto al Defensor del Pueblo, ya en 2005, que este órgano procedía en dicho momento a dictar las sentencias de asuntos pendientes desde el año 2001.
Por lo que se refiere al Tribunal Supremo, el Defensor lamenta que las dilaciones en la Sala de lo Civil de este órgano sean una constante en las páginas de su informe anual, y lamenta que los diversos planes de apoyo acordados al respecto por el CGPJ 'no parece que hayan dado sus frutos en la práctica'. Recursos de casación presentados en 2000 en este órgano no habían sido señalados para votación y fallo hasta después del verano de 2006.
Por lo que se refiere a las dilaciones en órganos unipersonales, la situación es parecida. Así, la enfermedad del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara motivó que una sentencia se dictara casi dos años más tarde de haberse celebrado el juicio, sin que los sucesivos jueces sustitutos hubieran adoptado ninguna medida al respecto.
El Defensor del Pueblo destaca también el caso del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de las Palmas de Gran Canaria, que el 29 de julio de 2005 citó a un ciudadano que había interpuesto un procedimiento para una vista que no se celebrará hasta mediados del próximo año, el 20 de mayo de 2008.
Un caso especialmente singular es el de una mujer que en mayo 2005 solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid una modificación de medidas con relación a la custodia de su hijo, que convivía con su ex marido.
Ese mismo mes se requirió a la mujer la partida de nacimiento de su hijo y certificación de matrimonio, que la interesada presentó antes de una semana. El 15 de julio de ese mismo año se paralizó la tramitación del procedimiento debido a la 'proximidad del periodo vacacional' y a ello le siguieron retrasos por no haber concluido sus vacaciones el oficial encargado de tramitar el asunto, que no se reincorporó hasta octubre, tras lo cual cursó una baja médica que motivó más dilaciones.
Tras constatar que los documentos que había presentado la mujer se habían 'traspapelado', la tramitación de este caso otra vez retrasos por el 'periodo vacacional de Navidades' de la titular del Juzgado, a la que siguieron las vacaciones del oficial. Ya en 2006 se produjo el traslado de la juez a otro órgano y el procedimiento volvió a paralizarse, por lo que la mujer terminó desistiendo de sus pretensiones iniciales.
Según el CGPJ, el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid, como todos los de Familia de esta región, 'venía soportando una carga de trabajo muy superior a la que se considera que deben tener como máximo'. Otro caso de retrasos en este órgano es el de una mujer, madre de 3 hijos, cuyo ex marido dejó de abonar la pensión de alimentos en 2003, por lo que interpuso una demanda que aún no se había resuelto cuando el Defensor del Pueblo ultimaba su informe.
También se han registrado numerosas quejas por demoras respecto al Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario (Las Palmas), contra los juzgados de San Vicente de Raspeig (Alicante) -cuyo personal tuvo que ser reforzado por el CGPJ, aunque sigue arrastrando graves retrasos- y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de La Palmas, donde la vista para una anulación de matrimonio iniciada en 2003 no se señaló hasta el pasado 21 de marzo.
Fuente: Terra
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