Alicante: El Estado tendrá que pagar 25 millones en 2009 por el retraso en juzgar despidos

Los retrasos cuestan caros. Especialmente en la Administración de Justicia. Más de 25 millones de euros tendrá que pagar el Estado en 2009 en la provincia por culpa de las demoras en los juicios por despidos improcedentes, según los datos que se barajan en esta jurisdicción. El plazo previsto para la celebración de estos juicios es de entre mes y medio y dos meses, pero la avalancha de causas que están registrando los juzgados de lo Social con motivo de la crisis económica está retrasando los señalamientos hasta los cinco meses y en ocasiones seis.


Las previsiones apuntan a que los magistrados de la provincia resuelvan este año hasta 12.000 pleitos por despidos, frente a los cerca de 5.000 del año pasado. Por ello, desde esta jurisdicción se reclaman más órganos para hacer frente al volumen de demandas.

Las fuentes consultadas explicaron que aparentemente los retrasos pueden parecer insignificantes en comparación con las cifras que se manejan en otras jurisdicciones donde se puede tardar años en celebrar un proceso; pero a la larga, este bloqueo obliga al Estado a pagar unas sumas mucho mayores. La Administración debe asumir los salarios de tramitación (que se deberían haber percibido desde que se presenta la demanda hasta que sale la sentencia) que se generen a partir los sesenta días de demora.

La Ley de Procedimiento Laboral es muy clara. En caso de que el trabajador gane el pleito, el empresario tiene la obligación de pagar los salarios del tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia. En caso de que se hayan tardado más de dos meses, el empresario puede reclamar al Estado los salarios que excedan dicho plazo. Si el retraso en la provincia es ya de cinco meses, esto supone que el Estado, concretamente el Ministerio de Justicia, tiene que pagar el salario de tres meses en cada demanda de despido que gane el trabajador. La magnitud de la cifra viene dada por el hecho de que dos de cada tres demandas laborales se admiten.

En el caso de que el empresario sea insolvente, la totalidad de los salarios deberá pagarlos el Fondo de Garantía Social (FOGASA), un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo cuya finalidad es abonar estas indemnizaciones. La intervención de este ente se produce cuando el juez certifica la insolvencia de la empresa para pagar lo que debe.

La voracidad de la crisis económica ha dejado desbordados a los trece juzgados de lo Social que tiene la provincia, repartidos entre Alicante, Elche y Benidorm. «Para ser eficaz, esta jurisdicción debe ser rápida porque estos retrasos no benefician ni el empresario ni al trabajador», explicaron fuentes de estos órganos judiciales. A la incertidumbre del resultado del procedimiento, el empresario se encuentra con que debe seguir manteniendo dado de alta al trabajador en la Seguridad Social hasta que se resuelva el pleito; mientras que el trabajador no puede percibir prestaciones por desempleo.

En estos momentos, la prioridad es celebrar los juicios de demandas por despido, pero el volumen de procedimientos que se están registrando es tan alto que el trabajo se acumula y cada vez el retraso es mayor. Además, otros asuntos considerados menos urgentes, como reclamaciones de cantidades o de invalidez se están demorando aún más, al dejarlos de lado por causas más urgentes. De un índice de cuatro meses de resolución se ha pasado a nueve meses, más del doble. «Las cifras del paro demuestran día a día que esto no es una situación pasajera, por lo que los retrasos van a ser aún mayores», dijeron las mismas fuentes.

Jueces y secretarios de los juzgados de lo Social consultados por este diario consideran que los gastos que tiene que pagar el Estado por los retrasos en el pago de los salarios de tramitación son «desorbitados» y fácilmente evitables dotando a esta jurisdicción de los medios necesarios. Para crear un nuevo juzgado, el Ministerio de Justicia sólo debe pagar el sueldo de un juez y de un secretario.

Fuentes de los juzgados de Elche, recordaron que antes de la actual crisis ya se vieron con retrasos acumulados de hasta nueve meses para señalar las causas de despidos por la falta de órganos judiciales.

Fuente: informacion.es