Cada juzgado valenciano tiene casi un millar de asuntos sin resolver

Suma y sigue. Igual que no dejan de crecer las listas del paro. De idéntica manera que se hunden los precios de la vivienda. Con la misma rapidez con la que el Banco Central Europeo reduce una y otra vez los tipos de interés en un intento por reanimar el consumo. Con semejante constancia y continuidad crecen y crecen los asuntos pendientes de ser tramitados por parte de los 370 órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.


Los últimos datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, publicados este mismo mes y referentes a todo el año pasado, reflejan unas cifras tan históricas como negativas para los tribunales valencianos. Pese a que los magistrados de la región siguen figurando a la cabeza de España en cuanto a tasa de resolución y número de sentencias dictadas, cada juzgado de la Comunidad Valenciana acumula una media cercana al millar de asuntos por resolver.

Los 370 órganos jurisdiccionales de la Comunitat cerraron 2008 con 356.853 asuntos en trámite. Eso significa que, en sólo un año, el número de asuntos atascados en los tribunales valencianos se ha incrementado en casi 50.000.

Los jueces de lo social han sido los últimos en poner el grito en el cielo. Los encargados de dirimir los conflictos laborales alertaban de que las demandas por despidos se habían triplicado y que su resolución se retrasaba ya hasta cuatro meses. Más jueces de refuerzo y un mayor número de juzgados es la única solución al colapso, que no puede sino ir a más teniendo en cuenta el devenir de la situación económica.

Los magistrados no han levantado el pie del acelerador, ni siquiera con las movilizaciones que comenzaron a llevar a cabo en el último trimestre de 2008 contra la falta de medios. El año pasado resolvieron un total de 1.012.448 asuntos, unos 4.000 más que en el periodo anterior.


Menores y malos tratos

Pero la pirámide del colapso sigue teniendo su base en la jurisdicción penal. El aumento del número de delitos y faltas hace que uno de cada tres casos que permanecen a la espera en las estanterías de los tribunales valencianos sean de naturaleza penal.

En dos órdenes especialmente sensibles, como son Menores y Violencia sobre la Mujer, se registran realidades distintas. Mientras que los juzgados encargados de la delincuencia juvenil están hoy más saturados de trabajo que hace un año (3.347 casos en 2008 frente a los 3.059 en 2007), los especializados en la lucha contra los malos tratos presentan menos asuntos penales atascados (5.937 frente a 5.593).

De hecho, los juzgados de violencia sobre la mujer -hay 46 en toda la Comunitat- tienen una de las medias más bajas de asuntos por juzgado, unos 24 por cada órgano, según el CGPJ.

La situación no es más halagüeña en los juzgados de lo mercantil, unos de los más influenciados por la crisis económica al encargarse de materias como suspensiones de pagos de empresas (procesos concursales). Si los seis órganos existentes en la Comunitat terminaron 2007 con apenas algo más de 2.000 casos pendientes, en un sólo año la cifra supera ya los 3.200 expedientes por tramitar.

Aunque este mismo mes se ha inaugurado un nuevo juzgado mercantil en la ciudad de Valencia, las negativas variables económicas que persisten en 2009 no invitan al optimismo. Como vaticinó la consellera de Justicia, el año podría terminar con unos 700 procesos concursales, frente a los 423 registrados en 2008.

El atasco no se encuentra únicamente en la fase de enjuiciamiento. Desde el Tribunal Superior, Decanato de los Juzgados y desde el propio Consejo General del Poder Judicial se ha insistido sin cesar en los últimos meses en la necesidad de crear más juzgados de ejecutorias o bien modificar el sistema. "De nada sirve la celeridad de la justicia si luego no se hace cumplir lo juzgado", ha llegado a decir Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ.


Ejecutorias

Pues los tribunales valencianos siguen sin ejecutar como debieran. La afirmación se sustenta al comparar dos datos: si la justicia de la Comunitat terminó 2006 con algo más de 172.000 causas en trámite de ser ejecutadas, la cifra se disparó el año pasado, que terminó con 222.000 asuntos pendientes.

La estadística demuestra, una vez más, que el atasco de asuntos no radica en una falta de trabajo por parte de los magistrados valencianos. Pese a ser la Comunitat una de las de litigiosidad más elevada, y menor número de jueces por cada 100.000 habitantes, los tribunales resolvieron en el último año más asuntos que en 2007.

Tal y como consta en la estadística del CGPJ, los juzgados de la región sacaron adelante el año pasado 166.000 sentencias y 675.000 autos, frente a unas cifras anteriores de 154.000 y 655.000. En total, los magistrados solventaron 1.012.448 asuntos en 2008, frente a 1.004.583 en el periodo anterior.


Actos de protesta

De esta forma, en la estadística de resolución no parecen haberse notado las juntas de jueces que, en octubre y al igual que en toda España, llevaron a cabo los magistrados de la Comunitat. La iniciativa paralizó los juzgados toda una mañana y suspendió cientos de procedimientos, aunque ello no ha impedido que siga incrementándose la tasa de resolución de los togados valencianos.

Junto a la sobrecarga de trabajo, otra de las explicaciones del constante incremento de los asuntos atascados en manos de la justicia valenciana es el incesante aumento del montante de casos que llegan a la vía judicial.

En 2006, el número anual de procedimientos tratados por los órganos judiciales de la región no superaba el millón. La última cifra del Poder Judicial habla de 1.068.834 ingresados por los juzgados de la Comunitat Valenciana a lo largo de 2008.

En una de sus primeras y últimas visitas a Valencia, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo aseguró que esta iba a ser la legislatura de la Administración de Justicia. Bermejo apostó de una vez por todas por la modernización. Meses después, con una cacería inoportuna de por medio y la primera huelga de los jueces sobre la mesa, su dimisión ha dejado a su sucesor, Francisco Caamaño, una posición nada cómoda.

Eso sí, Caamaño tendrá que esforzarse para desconvocar una segunda jornada de huelga que los jueces de toda España pretenden poner en marcha para el próximo mes de junio. "La cosa sigue adelante, al menos de momento", aseguró un magistrado. No obstante, como ya ocurrió en el anterior paro de este año, la medida queda pendiente de ser confirmada por cada una de las juntas de jueces provinciales.

A comienzos de abril, el propio Congreso de los Diputados logró una de sus raras unanimidades para proclamar una realidad: la necesidad "urgente" de un gran acuerdo nacional para modernizar los tribunales y sacarlos de su actual "situación crítica". Reeditar el Pacto por la Justicia entre los grandes partidos políticos que, de momento, dan la callada por respuesta.

Fuente: lasprovincias.es