Ciento treinta y cuatro, de los más de 300 juicios del Juzgado de lo Social de Teruel celebrados entre 2006 y 2008 que quedaron sin sentencia por la inactividad injustificada del anterior juez, José Luis Eduardo Morales, continúan todavía sin un veredicto. El motivo es, ahora, la falta de personal judicial, pues el magistrado de apoyo designado el pasado mes de junio para repetir aquellas vistas y dictar, por fin, el fallo correspondiente, no fue renovado en su puesto de trabajo el pasado mes de enero.
El nuevo atasco que sufre el Juzgado de lo Social ha levantado otra vez una oleada de críticas por parte de los sindicatos, del Partido Popular -en la oposición, tanto en el Gobierno central como en el autonómico- y de los propios trabajadores de dicho órgano judicial. Todos ellos consideran una gran injusticia que determinados ciudadanos que acudieron al Juzgado hace ya tres años para resolver sus problemas, aún no tengan una respuesta del mismo. Entre los afectados hay despedidos, solicitantes de pensión por incapacidad debido a una enfermedad, así como empresarios.
Para el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno aragonés, la causa del nuevo parón es que el Ministerio de Justicia no ha habilitado la partida económica necesaria para renovar por otros seis meses al juez de apoyo. Por eso, el pasado 1 de abril envió un escrito a Justicia instándole a que resuelva cuanto antes la situación del Juzgado de lo Social.
El 5 de diciembre del año pasado -el contrato de la comisión de servicio nombrada para desatascar el Juzgado de lo Social finalizaba el 15 de enero de 2009- el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acordó renovar al juez de apoyo y así lo comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, sin embargo, no ratificó la decisión hasta el 17 de febrero de este año. Desde esa fecha el asunto está en manos del Ministerio de Justicia.
José Luis Eduardo Morales, que ya había sido castigado por el mismo motivo en otros destinos, fue sancionado por el CGPJ con un año de suspensión de empleo y sueldo por su inactividad en el Juzgado de Teruel. Como las sentencias debe dictarlas el juez que celebra las vistas, todas las que dejó pendientes deben repetirse.
Fuente: Heraldo.es
El nuevo atasco que sufre el Juzgado de lo Social ha levantado otra vez una oleada de críticas por parte de los sindicatos, del Partido Popular -en la oposición, tanto en el Gobierno central como en el autonómico- y de los propios trabajadores de dicho órgano judicial. Todos ellos consideran una gran injusticia que determinados ciudadanos que acudieron al Juzgado hace ya tres años para resolver sus problemas, aún no tengan una respuesta del mismo. Entre los afectados hay despedidos, solicitantes de pensión por incapacidad debido a una enfermedad, así como empresarios.
Para el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno aragonés, la causa del nuevo parón es que el Ministerio de Justicia no ha habilitado la partida económica necesaria para renovar por otros seis meses al juez de apoyo. Por eso, el pasado 1 de abril envió un escrito a Justicia instándole a que resuelva cuanto antes la situación del Juzgado de lo Social.
El 5 de diciembre del año pasado -el contrato de la comisión de servicio nombrada para desatascar el Juzgado de lo Social finalizaba el 15 de enero de 2009- el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acordó renovar al juez de apoyo y así lo comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo, sin embargo, no ratificó la decisión hasta el 17 de febrero de este año. Desde esa fecha el asunto está en manos del Ministerio de Justicia.
José Luis Eduardo Morales, que ya había sido castigado por el mismo motivo en otros destinos, fue sancionado por el CGPJ con un año de suspensión de empleo y sueldo por su inactividad en el Juzgado de Teruel. Como las sentencias debe dictarlas el juez que celebra las vistas, todas las que dejó pendientes deben repetirse.
Fuente: Heraldo.es
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