Ceuta: Los Juzgados de lo Penal solicitan más personal

Los rumores sobre la posible creación de un nuevo Juzgado de lo Penal en Ceuta han ido aumentando durante las últimas semanas. Realmente, los responsables no creen que sea necesaria la instauración del nuevo órgano de momento, aunque esta inquietud despierta de nuevo el eterno debate sobre la necesidad de más personal judicial.


Josefa Vilar, secretaria del Gobierno de Justicia, desmintió los mencionados rumores afirmando que ella no tenía constancia de una petición similar. “A mí no me consta, por parte del Ministerio, que se haya realizado esa petición”, dijo. Lo que sí confirmó es que “los dos Juzgados de lo Penal de la ciudad han pedido más funcionarios” y que ella misma elevó esa inquietud a los estamentos superiores.

Concretamente, la petición realizada se ciñe a la necesidad de dos personas, un gestor y un tramitador. La llegada de ambos elevaría a los Penales de Ceuta hasta la media nacional de funcionarios de Justicia por órgano. Actualmente, esos juzgados cuentan con un trabajador menos, comparativamente. “Esto se debe a que disminuyeron las competencias. Hubo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hizo que ciertas competencias de los Penales pasaran a la Audiencia, aunque luego volvieron a reformar la Ley y no se aumentaron las plantillas”, explicó Vilar.

Actualmente, la plantilla de los Penales está compuesta por aproximadamente nueve personas, entre tramitadores, gestores, secretario judicial y el juez. Si finalmente llegaran los nuevos funcionarios las plantillas contarían con un funcionario más que el resto de los Penales españoles, “hay que tener en cuenta que el trabajo aumenta considerablemente”, manifestó la responsable.

En lo que respecta al resto de Juzgados, la petición no les afecta, ya que están compuestos conforme a la media nacional.

Lo ideal en este tipo de casos es que las plazas se creen y se saquen a concurso, mientras tanto se cubrirían con personal interino. De momento parece que la labor la realizará personal de refuerzo.

Por otro lado, Josefa Vilar lamentó que el problema del arraigo afectara “a todo el organigrama de los distintos cuerpos”, lo que supone un problema de personal a corto plazo.

Visita de la subsecretaria de Justicia en abril

La llegada de un nuevo equipo ministerial al Gobierno deja pendientes de una reunión el grueso de cuestiones judiciales de la ciudad. Fuentes cercanas han confirmado que a finales del mes de abril, probablemente el día 22, se producirá una visita para conocer el estado de este territorio.

En el mismo encuentro, los responsables de Justicia abordarán los asuntos referentes a la nueva oficina judicial, a la posible creación futura de una ‘Ciudad de la Justicia’ y a la problemática existente en Ceuta. Igualmente, estudiarán la forma de afrontar y resolver las cosas que queden pendientes.


Supresión del traslado forzoso

El traslado forzoso tras un ascenso provocó que muchos jueces vinieran a Ceuta. Actualmente, diferentes asociaciones judiciales están intentando que se suprima. Desde un punto de vista profesional, esta opción sería muy buena, aunque puede traer problemas a Ceuta, que es una plaza poco demandada.

Fernando Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial, comentó que “Ceuta suele ser un destino poco apetecible para los jueces, aunque no creo que exista un motivo concreto”. Tesón defiende que habría que trasmitir a la opinión pública y a la carrera judicial “que Ceuta es una ciudad normal, como otra cualquiera, con sus ventajas e inconvenientes, donde se aplica la misma jurisprudencia y que, además, es muy apacible”.

Lo que temen muchos responsables es que, si finalmente se suprimiera el traslado forzoso, la gente dejara de venir a la ciudad.

Josefa Vilar, secretaria del Gobierno de Justicia, explicó que “en Ceuta existen una serie de complementos por residencia”, además de los propios beneficios fiscales de vivir en una ciudad extrapeninsular. Con todo ello, la demanda de este tipo de plazas es bastante baja, lo que da lugar a falta de personal, en ocasiones, y a completar plazas con personal sustituto.


La falta de arraigo es el problema principal

El tradicional problema de Ceuta se centra en la movilidad de los funcionarios. A nivel de jueces, el traslado forzoso beneficiaba a esta plaza, ya que casi todos los jueces que acceden a Ceuta llegan tras ser ascendidos a magistrados. En teoría, al llegar con esa categoría podrían quedarse en la ciudad hasta su jubilación si quisieran, pero no suele ocurrir así.

Fernando Tesón, magistrado de la Audiencia Provincial, sitúa el arraigo como principal escollo para la permanencia de los jueces. “Como generalmente todos han venido a través de un ascenso y traslado forzoso, en cuanto tienen posibilidad abandonan esta plaza”, dijo.

A esto hay que sumarle la petición de eliminar este sistema de traslados, lo que perjudicaría a Ceuta. “Si se suprimiera el traslado forzoso habría que cubrir las vacantes con jueces sustitutos, y eso sería un problema. No porque los sustitutos sean peores, sino porque sería difícil conseguir una estabilidad en los Juzgados”, comentó el magistrado. “Existe una tendencia a no permanecer en Ceuta mucho tiempo, y eso perjudica a los Juzgados”, dijo.

La tipología de delitos que se dan con más frecuencia en Ceuta son contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de inmigración clandestina, y contra la salud pública, de tráfico de drogas. En este sentido, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha creado precedentes dictando sentencias que han acabado con infracciones como ‘los motores humanos’ o ‘la operación Marinas’.

Sobre la necesidad de más agentes judiciales en los diferentes Juzgados, el magistrado comentó que “este problema afectaba más a jueces y magistrados, porque las plazas de los funcionarios se suelen cubrir con interinos”.

Igualmente explicó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “está elaborando un informe sobre la carga de trabajo que existe en el país y cuál es la que cada miembro de la carrera judicial puede soportar razonablemente”. A partir de estos datos se podrá determinar con claridad cuántos magistrados y funcionarios hacen falta en cada lugar.

Por su parte, la instauración de la nueva oficina judicial, que adquirirá un buen número de competencias a nivel administrativo y burocrático, supone un periodo de transición, lo que dificulta establecer las verdaderas necesidades o encontrar soluciones a largo plazo para las vacantes. La idea es ir estableciendo nuevos servicios comunes que cambiarán el concepto de órganos judiciales que se encargan de tramitar y resolver todos los asuntos. De esta forma se especializarían los nuevos servicios y se dedicarían a resolver todo lo referente a un área, por ejemplo a las ejecutorias.

El magistrado de la Audiencia Provincial matizó que “hasta el momento en que se instaure la oficina judicial habrá que ir cubriendo los medios personales necesarios en cada órgano”.

En lo referente a los Juzgados de lo Penal, Tesón afirmó que conocía la situación de carga que padecen. “Tienen más ejecuciones de lo normal. Esto, evidentemente, está dando problemas de carga de trabajo y por eso solicitan más personal”, puntualizó.

Fuente: elfarodigital.es