Francisco Caamaño (Cee, 1963) está en las antípodas de su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo. Incansable negociador, huye de la polémica y busca siempre el consenso. El ministro está convencido de que hay motivos para que los jueces no vayan de nuevo a la huelga.-¿Cuáles son los dos objetivos prioritarios inmediatos?
-El primer reto es la nueva Oficina Judicial. En segundo lugar, tenemos que crear los mecanismos necesarios para que los juzgados puedan de una vez por todas trabajar en red. Quiero que a lo largo de esta legislatura podamos hacer, junto a las comunidades y el Consejo General del Poder Judicial, algo tan común en otros contextos como que un expediente judicial del juzgado de Cambados pueda llegar a Granollers en el momento.
-¿Para cuándo la nueva Oficina Judicial?
-Es una ley de mucho calado porque reforma 14 leyes procesales y delimita con mayor exactitud las funciones de los jueces, los secretarios judiciales y demás personal. Nosotros queremos que haya un juez y luego una oficina procesal, que puede estar al servicio de varios jueces, para aprovechar mejor los recursos. Está en fase de enmienda en el Congreso y creo que puede haber un acuerdo de los grupos sobre esta ley.
-¿Puede la crisis económica frenar la imprescindible modernización de la Justicia?
-Esta es una de las cosas que más discuto con los miembros del equipo económico del Gobierno, transmitirles que una buena economía necesita seguridad jurídica, sobre la inseguridad no se construye un tejido productivo. Por eso invertir en Justicia es invertir en seguridad, es decirles a los empresarios que cuando necesitan ejecutar sus créditos los van a tener en un plazo razonable.
-¿Le cuesta convencer a sus compañeros de Gobierno?
-Nos encontramos. El debate no es sobre la necesidad de invertir, sino de hacer un esfuerzo adicional. He pedido la solidaridad y la he obtenido del presidente y el equipo económico, sobre todo de la vicepresidenta segunda.
-¿Cuánto se va a destinar?
-Pretendemos que sean 600 millones en tres años. Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la democracia. En la última legislatura del PP el presupuesto de Justicia se incrementó en 8 millones, mientras en la pasada, con Zapatero, aumentó en 180 millones.
-¿Se merece la Justicia la mala imagen que tiene?
-Pese a las críticas constantes a la Justicia, el número de litigios no deja de crecer, hemos pasado en dos años de seis millones a nueve. Si desconfiáramos tanto de la Justicia no sería así. Hay que hacer pedagogía y decir a los ciudadanos que no todos los conflictos tienen que acabar en un juez. Tenemos que potenciar la mediación. Lo mismo hay que hacer con los recursos; el ciudadano tiene derecho a acudir a un juez pero no a emprender una cadena sine die de recursos, esa no es la tutela de que habla la Constitución.
-¿Habrá una nueva huelga de jueces el 26 de junio?
-Estamos trabajando desde el primer día con las diversas asociaciones para ir encontrando puntos de acuerdo y soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se pueda superar aquella situación que nos encontramos cuando llegué al ministerio. Pero nuestro horizonte no es ni mucho menos esa fecha; va mucho más allá.
-La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a llevar al Parlamento cambia las funciones del juez y el fiscal en el proceso de instrucción.
-En nuestro sistema, el juez instructor tiene que hacer dos cosas a la vez, investigar el delito y defender los derechos fundamentales de aquel a quien tiene que investigar, dos objetivos irreconciliables entre sí. Lo normal es que la averiguación corra a cargo del Ministerio Fiscal y el juez valore las pruebas y decida en un plazo razonable si hay que seguir adelante, para evitar las penas de banquillo, aparecer como imputado y tres años después que no haya nada. Queremos ir a una fórmula en el que fiscal sea el protagonista de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y que el juez garantice los derechos de los imputados en la instrucción.
-¿Se puede repetir el caso de Mari Luz?
-No debe ni tiene necesariamente por qué producirse, creo que se han adoptado medidas eficaces para evitarlo. En todo caso, debemos saber que la Administración de Justicia mueve muchos asuntos y en cualquier traslado, en cualquier decisión, puede cometerse algún error. Hay que valorar si es un error que está dentro de lo razonable o es una negligencia grave, en cuyo caso el CGPJ debe aplicar con rigor las leyes.
-¿La opinión pública no entiende por qué no se avanza en la localización del cuerpo de Marta del Castillo?
-Es un caso que ha creado gran alarma social, pero estamos en un Estado de derecho y los imputados tienen todo el derecho a no declarar contra sí mismos.
-¿Abrirá el Gobierno el debate sobre la cadena perpetua?
-España tiene uno de los sistema de penas más largas de nuestro entorno, en el que es posible que una persona cumpla ni más ni menos que 40 años privado de libertad, mientras en otros países que tienen cadena perpetua formalmente no hay cumplimiento efectivo o las penas son revisables cada cierto tiempo. Además, el artículo 25 de nuestra Constitución hace muy difícil cualquier posibilidad de regular la cadena perpetua.
Fuente: lavozdegalicia.es
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