Las semanas han ido pasando desde que el entonces todavía ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acudiera a Sevilla para inaugurar a bombo y platillo el registro de medidas cautelares, sentencias no firmes y requisitorias. Y la queja de los secretarios judiciales, los funcionarios sobre los que recae la supervisión de estos registros, sigue siendo la misma de la que advertían cuando empezó a funcionar: suponen una sobrecarga de trabajo para las ya sobrecargadas oficinas judiciales.Curso de dos horas y media
Así lo explicaba Isabel Roca, secretaria del juzgado de lo penal número cinco de Sevilla que era tajante. «Funciona mal», decía explicando la complejidad de un proceso para el que sólo les han dado un curso de dos horas y media.
Y es que aunque al principio parece fácil acceder, ya que el registro es visible en la pantalla del portal Adriano de la consejería de Justicia, luego, en la práctica no es tan fácil su uso. En primer lugar para acceder a él, los funcionarios tienen que poner el nombre de usuario y después la clave. A continuación, una vez que se abre el programa, hay que elegir entre el de violencia doméstica y el de medidas cautelares, según sea el tipo de procedimiento a anotar.
Un proceso que, según reconoce la secretaria, es lento y supone una sobrecarga de trabajo del veinte por ciento para cada juzgado. Y eso se ha hecho, advierte Roca, sin que hayan dotado de más funcionarios a los juzgados.
«Son muchos datos los que hay que meter», dice esta secretaria que, en cualquier caso ha dado prioridad en su juzgado a las ejecutorias de personas en busca y captura. O lo que es lo mismo a casos como el de Santiago del Valle. De hecho, el presunto asesino de Mari Luz, es uno de los que se ha metido primero en ese registro ya que, precisamente en ese juzgado, tenía una causa pendiente.
Pero además de ser muchos los datos que hay que meter, el problema es que con este sistema las ejecutorias son más lentas. Ahora, según dice esta secretaria, se tardan veinte minutos más en cada procedimiento. Y la consecuencia es que, «esos veinte minutos que pierden los funcionarios, son veinte minutos menos que tienen para tramitar los asuntos».
Seguramente por eso admite que los funcionarios están dándose cuenta de que se les está sobrecargando de trabajo ya que cada asunto hay que registrarlo tres veces. Primero en el sistema informático del juzgado, el Adriano, luego, una vez que hay sentencia, hay que meterla con todos los datos. Y finalmente cuando la sentencia es firme hay que hacer la anotación en el Registro de Penados y Rebeldes. Lo lógico sería que del segundo paso se pasara inmediatamente al tercero con sólo darle a un botón. Pero como no es así, hay que volver a teclear los datos. Seguramente por todo eso esta secretaria es clara. «Supone un agobio para todo». Y además insiste en que es verdad que «es importante la modernización de la Justicia pero hay que hacerlo con los medios necesarios no sobrecargando el trabajo de órganos que ya están sobrecargados». «Esto no es darle a un botoncito y ya están todos los datos; hay que revisar las ejecutorias atrasadas para rellenarlas y eso no se hace en tres meses», afirma.
Fuente: ABC.es
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