Mientras España asiste a un amplio debate sobre la necesidad de modernizar la Justicia, una administración desatendida cuando no anclada en el siglo pasado, mientras el Ministerio prometerle digitalizarla para enterrar el papel y equipararla a Hacienda o a la Seguridad Social, cientos de miles de legajos continúan acumulándose sin control en juzgados cada vez más colapsados y faltos de espacio físico.Buen ejemplo de ese compendio de penurias es la decisión que han tomado algunos jueces y secretarios de Alicante: comprar con dinero de su propio bolsillo estanterías metálicas para guardar los expedientes ante el caso omiso que la Consejeria de Justicia ha hecho en los últimos meses a sus peticiones en tal sentido.
«Es una cuestión de orden para no tener las causas en el suelo», señalan fuentes judiciales ante una habitación repleta de carpetas donde se han improvisado a base de imaginación y un punto de bricolaje casero nuevos soportes de almacenamiento con un tablón de madera como leja y cajas de folios como pilares.
Las fuentes consultadas aseguran que se están dando situaciones similares en otros órganos. El decano de los jueces de Alicante, Juan Carlos Cerón, dijo desconocer la compra de material y elementos de oficina por parte de funcionarios públicos, pero confirmó la carestía de estanterías: «Las pedimos, pero no llegan. No sabemos qué está pasando».
Carencias de medios tan elementales como éstos y, fundamentalmente, la saturación de trabajo y la lentitud en la creación de nuevos juzgados explican la convulsa situación que atraviesa la Administración de Justicia y la movilización de secretarios y magistrados que culminó el pasado 18 de febrero con la primera huelga en la historia en España del segundo de estos colectivos.
Un grupo de jueces de la provincia ha convocado para el próximo lunes una asamblea donde se deberá ratificar, o rechazar, la propuesta de acudir a un nuevo paro de dos días de duración en mayo.
Por su parte, las asociaciones mayoritarias en la judicatura, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), mantienen su convocatoria de huelga para el 26 de junio pese a la dimisión del anterior ministro, Mariano Fernández Bermejo, y su relevo por Francisco Caamaño, a quien todos reconocen un talante mucho más dialogante.
La crisis ha acentuado los problemas endémicos y estructurales de la Justicia de este país. Se ha cebado fundamentalmente en los Juzgados de Primera Instancia, que tramitan las deudas particulares, las letras de cambio y las hipotecas, en los Juzgados de lo Mercantil (suspensiones de pagos empresariales) y en los de lo Social, encargados de los despidos y las reclamaciones laborales.
Pero otras jurisdicciones también cabalgan hacia la saturación total, como la de lo Contencioso-Administrativo, que recibe los recursos de los ciudadanos contra cualquier decisión de las instituciones públicas.
El trabajo en esa especialidad se ha duplicado. Los cuatro juzgados de Alicante dedicados a esta materia (hay otro en Elche) han recibido en estos primeros cuatro meses del año 2.100 asuntos.
El enorme volumen de entrada de demandas, que lleva a los magistrados de lo Contencioso-Administrativo a duplicar los módulos de trabajo establecidos como razonables por el Poder Judicial, ha obligado a nombrar dos jueces de apoyo. El objetivo es tratar de agilizar los procedimientos, ya que algunos juzgados estaban señalando juicios para principios del 2012.
Fuente: laverdad.es
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