Chihuahua, México: Requieren "jueces sin rostro" para aplicar nueva ley

Tras la reciente aprobación de la ley que permite al Estado incautar bienes del crimen organizado, legisladores estatales y juzgadores locales consideraron que la medida es benéfica pero pone en riesgo a los jueces, por lo que instaron a que se cree para éstos un esquema de protección especial.


Las atribuciones de confiscación recaerán en jueces civiles de primera instancia, al menos mientras se conforman Tribunales Especializados en Extinción de Dominio, y el Congreso estatal considera la posibilidad de establecer la figura de “jueces sin rostro” con el fin de proteger la integridad de los juzgadores y sus familias.

Esa estrategia fue implementada con éxito en Colombia, dijo ayer el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Fernando Rodríguez Moreno.

Detalló que esa norma entrará en vigor en un plazo de 90 días, después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y destacó que para ello el Poder Judicial local tendrá que establecer un tribunal colegiado, integrado por tres jueces civiles, a quienes deberá capacitar.

Puntualizó que el Congreso analizará junto con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado la forma en que se brindará protección a los juzgadores que se encarguen de atender esos asuntos que, por su naturaleza, “son bastante delicados”.

“Si podemos llegar a los jueces sin rostro, lo habremos de reglamentar, como también si vamos a requerir un tribunal especial con jueces nuevos, o si los que están pueden ayudar”, dijo.

El líder priísta hizo hincapié en que la aprobación de esa ley, que aplicará en los casos de secuestro, robo de vehículos y trata de personas, “tiene una gran trascendencia porque significa la posibilidad de que el Gobierno pueda incautar todo tipo de bienes utilizados en actos ilícitos o por la delincuencia, ya sea desde casas, terrenos, vehículos, joyas, cuentas bancarias, inversiones, negociaciones mercantiles y otros; es decir, todo lo que signifique acumulación de riqueza”.

Para ello, señaló, se estableció un procedimiento legal, un juicio, que va desde una demanda de algún tercero, que no tendrá que probar su dicho; la solicitud que haga principalmente la Procuraduría General de Justicia del Estado; así como la participación de demandados o terceros afectados en una decisión de ese tipo.

Resaltó que “en materia procesal hay un principio que dice que el que afirma está obligado a probar, pero aquí es al revés: primero se incautan los bienes y la persona afectada tiene que demostrar la manera en la que los adquirió … de no demostrarlo, perderá la propiedad”.

Ante la creación de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Chihuahua, que faculta a jueces de lo Civil para aplicar este nuevo ordenamiento, algunos juzgadores consideraron que las nuevas atribuciones son peligrosas, pues a la fecha ellos no conocen de delitos sino de “hechos ilícitos”, básicamente incumplimientos de contratos.

Además refirieron que el trabajo podría acumularse, pues anualmente tienen una carga de unos dos mil 150 expedientes.

El Artículo segundo transitorio de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Chihuaha –aprobado por el Legislativo el jueves pasado– establece: “el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizará el nombramiento y adscripción de los jueces especializados que integrarán el o los Tribunales de Extinción de Dominio, previo a la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio. El Supremo Tribunal de Justicia podrá adscribir a jueces civiles de primera instancia en dichos Tribunales, hasta que se capaciten y nombren a los especializados”.

Un juez local explicó que en su ámbito de competencia ellos conocen únicamente de conflictos entre particulares, en los que rara vez o nunca interviene el Estado como demandante, por lo que el nuevo cuerpo de leyes es muy diferente.

En Ciudad Juárez se encuentran instalados ocho juzgados de lo Civil y una sala Regional. Los de primera instancia atienden al año más de dos mil expedientes en activo, mientras que la sala Regional ha resultado insuficiente, pues las partes aún continúan enviando expedientes a Chihuahua capital.

Afectará redes financieras criminales

Esta ley le va a pegar a la red financiera de criminales, por eso los ministros de justicia y ministerios públicos que realicen el proceso tienen que ser protegidos, advirtió el diputado Roberto Lara Rocha.

Indicó que para seguridad de los jueces se deben encontrar mecanismos de protección especial. Como ejemplo dijo que quizá se puede manejar que un juez de Juárez lleve un proceso de Chihuahua y viceversa.

La ley le permite al Poder Judicial aplicar todas las medidas que tenga que hacer para proteger a sus jueces y garantizar el estricto apego a la ley y la ejecución efectiva de esta nueva normatividad, indicó.

Indicó que la nueva ley esta basada en la legislación de Colombia y allá cuando se puso en marcha se registraron atentados contra jueves y servidores públicos, por lo que el Congreso exhortó al Supremo Tribunal y a la Procuraduría General de Justicia a tomar sus previsiones para evitar que eso ocurra en la entidad.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rodolfo Acosta Muñoz, indicó que “desde luego que se dará protección”, pero eso se discutirá en el Pleno de este Poder.

El problema es que los jueces civiles no están acostumbrados a tratar con delincuentes, señaló, “pero si así lo estableció el Congreso, nosotros aplicaremos la ley”.

Dijo que bajo este nuevo proceso se requiere un tribunal de tres jueces pero en la mayoría de las instancias que mantiene en los municipios de la entidad no hay esa cantidad jueces civiles. Ese no es el caso de Juárez y Chihuahua, dijo.

Inseguridad y temor

Para impartir justicia sin temor, los jueces de cualquier ámbito deben sentirse seguros, por lo que su integridad física debe ser responsabilidad del Gobierno, dijeron resolutores.

“Aún ahora, los jueces de Garantía enfrentan amenazas, algunos han optado por contratar guardaespaldas o, incluso, irse a vivir a El Paso porque aquí se sienten inseguros”, indicó uno de los entrevistados.

Aseguraron que los jueces están expuestos a la acción de los delincuentes como cualquier ciudadano; incluso algunos ya han sido víctimas del delito, aunque hasta ahora no ha ocurrido algún incidente grave.

Sin embargo, se mostraron de acuerdo con la estrategia de garantizar la seguridad de los juzgadores, incluso creando una figura donde sus nombres e imágenes queden reservadas sin hacerse del conocimiento público.

“Ahora mismo, existe temor entre los jueces, tanto del fuero estatal como del federal, ahora ese miedo se va a extender hasta los civiles por los pormenores que está manejando la nueva ley”, mencionó uno de los entrevistados.

Otro juez manifestó que él y muchos de sus compañeros sienten temor de las represalias de los grupos organizados del crimen.

“Ese es nuestro trabajo, juzgarlos, pero en ocasiones no tenemos herramientas suficientes para garantizar que no nos va a pasar algo porque afectemos los intereses de tal o cual grupo delincuencial”, dijo.

Mencionó que muchos de ellos observan medidas de seguridad, pero con sus propios recursos, ya que están resguardados mientras se encuentran en las instalaciones de Gobierno, pero en las calles y en sus casas son un blanco fácil como cualquier otro ciudadano dadas las condiciones de seguridad que persisten ahora.

“Yo sé de jueces que traen su seguridad propia, sé de otros que viven en El Paso o al menos se van los fines de semana para no tener sobresaltos aquí, pero no todos tienen los medios para costearse una buena seguridad”, señaló.

Para algunos de los juzgadores, la modernización de la ley para enfrentar a los delincuentes organizados debe ir aparejada con el mejoramiento de las condiciones para juzgarlos.

“No sirve de nada hacer nuevas leyes, más fuertes para atacar por ejemplo las finanzas de los narcotraficantes, si no se blindan a quienes los perseguirán y los juzgarán”, manifestó otro juez que aceptó hablar sobre el tema.

Dijo que en México, y no sólo en Chihuahua, se puede percibir que los aparatos de justicia no están dotados al máximo para enfrentar a los delincuentes, por lo que presentan fracturas que contribuyen a que el objetivo no se cumpla al 100 por ciento.

Habrá que esperar, indicó, a ver cuáles instrumentos se ponen al servicio de quienes procuran la justicia, porque de otra forma podrá estar la ley, pero si nadie tiene la voluntad para cumplirla entonces será “sólo un espejismo”.

Fuente. diario.com.mx