El Gobierno vasco ha desistido de mantener el recurso contra la sentencia del TSJ del País Vasco que en octubre de 2009 determinó que el euskera debía ser un mérito y no un requisito para acceder a ciertas plazas en la Administración de Justicia vasca.
Según un auto del Tribunal Supremo hecho público este lunes, el Gobierno vasco ha presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal un escrito en el que manifiesta que no sostiene el recurso de casación que había sido interpuesto, por lo que la sala "acuerda declarar desierto" el mismo.
El origen de este proceso fue un recurso presentado por el Abogado del Estado contra el decreto sobre euskaldunización del personal de Justicia elaborado en 2008 por el anterior Gobierno vasco del tripartito PNV-EA-IU, que provocó que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia del 1 de octubre de 2009, acordara declarar nulos varios preceptos.
La resolución establecía que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo se puede exigir el conocimiento del euskera en puestos "singularizados" y no en los "genéricos", como son las unidades procesales de apoyo a los órganos judiciales, donde se debe valorar como un mérito.
Anulaba también la disposición que establecía que la implantación del euskera en los distintos partidos judiciales se haría siguiendo los índices de uso del euskera en esas zonas que se recoge en el Padrón de 2001. Según esos datos, el decreto determinaba, por ejemplo, que en San Sebastián debería saber euskera el 51,7% de los funcionarios de Justicia; en Bilbao, el 32,09%; y en Vitoria, el 27,78%.
Otro de los artículos declarados nulos fue el referido a que la tramitación de todos los documentos dirigidos a la ciudadanía se debía hacer en las dos lenguas oficiales del País Vasco.
Tras conocerse esa resolución, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmó en noviembre pasado que su departamento compartía el espíritu y los objetivos del decreto anulado parcialmente y por ello recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo, a lo que ahora ha desistido.
Fuente: Libertad Digital
Según un auto del Tribunal Supremo hecho público este lunes, el Gobierno vasco ha presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal un escrito en el que manifiesta que no sostiene el recurso de casación que había sido interpuesto, por lo que la sala "acuerda declarar desierto" el mismo.
El origen de este proceso fue un recurso presentado por el Abogado del Estado contra el decreto sobre euskaldunización del personal de Justicia elaborado en 2008 por el anterior Gobierno vasco del tripartito PNV-EA-IU, que provocó que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia del 1 de octubre de 2009, acordara declarar nulos varios preceptos.
La resolución establecía que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo se puede exigir el conocimiento del euskera en puestos "singularizados" y no en los "genéricos", como son las unidades procesales de apoyo a los órganos judiciales, donde se debe valorar como un mérito.
Anulaba también la disposición que establecía que la implantación del euskera en los distintos partidos judiciales se haría siguiendo los índices de uso del euskera en esas zonas que se recoge en el Padrón de 2001. Según esos datos, el decreto determinaba, por ejemplo, que en San Sebastián debería saber euskera el 51,7% de los funcionarios de Justicia; en Bilbao, el 32,09%; y en Vitoria, el 27,78%.
Otro de los artículos declarados nulos fue el referido a que la tramitación de todos los documentos dirigidos a la ciudadanía se debía hacer en las dos lenguas oficiales del País Vasco.
Tras conocerse esa resolución, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmó en noviembre pasado que su departamento compartía el espíritu y los objetivos del decreto anulado parcialmente y por ello recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo, a lo que ahora ha desistido.
Fuente: Libertad Digital
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