Los "garzonianos" preparan una campaña contra jueces del Supremo

El juez más polémico sigue dando que hablar. Próximo episodio para intentar frenar el 'caso Garzón': medios periodísticos afines al juez-estrella van a sacar a la luz los 'sobresueldos' de jueces del Tribunal Supremo con su asistencia a cursos, seminarios y conferencias patrocinados por importantes despachos de abogados. Es decir, que van a poner en marcha la política del ventilador, aunque eso cueste que, inevitablemente, salga también a la luz cuánto ha cobrado de verdad el propio Garzón… por ése y por otros conceptos. El Consejo del Poder Judicial estudiará mañana el 'expediente-Garzón', aunque no se espera ninguna resolución definitiva.


La estrella de Garzón se apaga irremisiblemente. Cogido entre tres fuegos, el juez-estrella se enfrenta a su apartamiento de la carrera judicial y para evitarlo se han disparado los resortes del poder ejecutivo y de ciertos grupos mediáticos agradecidos al juez. Los acólitos de Garzón están preparando una campaña de desprestigio global del Consejo General del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo para hacerlos saltar por el aire, en un intento último y desesperado de evitar que el juez-estrella pase por el calvario judicial de tres sumarios, acusado de prevaricación y de cohecho.

Este nuevo episodio, que se publicitará a través de filtraciones a medios de comunicación, se va a sustanciar sacando a relucir las cantidades dinerarias que magistrados del Tribunal Supremo y jueces de la Audiencia Nacional han cobrado o están cobrando por su asistencia a cursos, seminarios o conferencias jurídicas auspiciadas o bien por Universidades o, sobre todo, por grandes bufetes de abogados. Se trata de una forma de hacer ver que lo que Garzón ha cobrado por sus cursos en Nueva York, provenientes de fondos del Banco Santander, es una "práctica generalizada" y que, por tanto, no tiene sentido procesar a Garzón por ese asunto.

Por otro lado, esos acólitos-garzonianos tratan de demostrar que existe connivencia entre magistrados del Supremo y los grandes bufetes. Se trata, en definitiva, de echar porquería sobre la Justicia para lograr que Garzón salga de rositas de tres gravísimas acusaciones sobre prevaricación y cohecho.

Gómez Benítez, de campaña

La campaña pro-Garzón la inició públicamente el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, nombrado por el PSOE después de que actuara como uno de los interlocutores del Gobierno en las negociaciones con la banda terrorista ETA. Este catedrático y abogado es íntimo amigo de Garzón, al que le han unido intereses comunes, ya intentó -sin ningún éxito- que el juez cuya estrella declina ahora sucediera a Carlos Dívar al frente de la Audiencia Nacional, en vez del finalmente elegido y mejor valorado Ángel Juanes.

Ahora bien, cuando las cosas se han puesto jurídicamente feas de verdad para Garzón, Gómez Benítez ha echado el resto iniciando una campaña de desprestigio a través de determinado medio de comunicación de auténticos profesionales independientes de la Justicia, tales como Margarita Robles, y acusando al Consejo General de 'componendas' a la hora de elegir el destino de los magistrados.

En ese sentido, medios jurídicos no olvidan que la campaña pro-Garzón la inició públicamente un grupo mediático que tiene mucho que agradecer al juez-estrella por aquella historia de Sogecable en la que, sin entrar en detalles, el cambio de actitud del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 logró que las acusaciones contra ese grupo mediático se diluyeran y, al mismo tiempo, que apartaran de la carrera judicial por prevaricación al juez que instruyó inicialmente el caso, Javier Gómez de Liaño, hasta ese momento amigo de Garzón.

Según fuentes de la judicatura, es evidente que detrás de la actual campaña está el vocal del CGPJ Gómez Benítez, cuya labor de zapa en el Consejo General ha tenido tan nulos resultados que se han tenido que activar otras patas para desprestigiar al Consejo General y 'volar' de forma controlada a determinados magistrados del Supremo, como el juez progresista Luciano Varela, instructor de una las causas contra Garzón, y que ha tenido que soportar múltiples tensiones provenientes del sector socialista, lo mismo que la también progresista Margarita Robles, a la que, en un ejercicio de cinismo, Garzón ha recusado para que se abstenga cuando el Consejo deba decidir su apartamiento del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Precisamente, la recusación por Garzón de los vocales Margarita Robles, Fernando de Rosa y Gema Gallego se verá este martes en el Consejo General, que comienza así el estudio de la 'causa-Garzón', aunque aún no es el momento de tomar decisiones drásticas, como el apartamiento de Garzón del Juzgado Central número 5 en tanto y cuanto se diluciden sus responsabilidades penales.

¿Recusar a Gómez Benítez por amiguismo?

Conectado con lo anterior, en fuentes jurídicas se hace ese mismo análisis a la inversa: ¿cómo puede Garzón recusar a Margarita Robles y a Gema Gallego por animadversión manifiesta y, sin embargo, el Consejo tenga que contar con el amiguísimo José Manuel Gómez Benítez? ¿Es que el órgano de Gobierno de los jueces debe moverse por el amiguismo? ¿Cómo puede Garzón, en el recurso que interpuso ante el Consejo, recusar a tres vocales utilizando los argumentos del varapalo jurídico que le dio a él mismo el Tribunal de Estrasburgo por haber sido un juez parcial y partidista en el caso de los fondos reservados de Rafael Vera?

Todos esos argumentos -y muchos otros- se verán este martes en el Consejo General del Poder Judicial. La cuestión se anima, porque después de que un día antes se comprometieran con Garzón el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Congreso de los Diputados, José Bono, los que piden justicia contra Garzón ya no se van a andar con chiquitas: en los debates van a estar presentes el 'caso Faisán' -el chivatazo policial a ETA para evitar la detención de etarras del aparato de extorsión justo cuando comenzaban las negociaciones con la banda terrorista- y el amiguismo de Bono con el juez-estrella. Fue Bono quien convenció a Felipe González para que nombrar a Garzón número dos por Madrid en las listas socialistas para las elecciones generales de 1993.

Precisamente, según fuentes judiciales, el 'caso Faisán' tiene de los nervios a los responsables del Ministerio del Interior, especialmente a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a quien le vinculan con el caso determinadas llamadas que realizó al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, los días en los que se dio el chivatazo. Si ese sumario -una de cuyas partes mantiene Garzón en secreto- cayera en manos de otro juez, ¿se dilucidaría de verdad la responsabilidad del caso Faisán? Ése es el temor que reina en Interior y eso puede explicar, según las mismas fuentes, que tanto Bono como sobre todo Zapatero hayan realizado una increíble injerencia en el Poder Judicial.

Fuente: diariocritico.com