Aragón: Silva reconoce que la nueva oficina judicial va a costar dinero a la Comunidad

Aragón no cuenta en estos momentos con el coste de la implantación de la nueva oficina judicial. No obstante, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, ha reconocido, en comparecencia ante la Comisión Permanente de las Cortes a petición del PP, que la implantación de la nueva oficina judicial va a costar dinero a la Comunidad Autónoma, aunque espera obtener ayudas del Gobierno de España como el Plan Avanza.


Silva ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón autoriza a la Comunidad a realizar la competencia “exclusiva” en medios personales y materiales. Es por este motivo, y tras un análisis de la situación, que el titular de este Departamento haya señalado como “necesaria” la puesta en marcha de esta oficina judicial en aras de la calidad de servicio ciudadano.

El consejero ha querido dejar claro que esta nueva unidad está basada en criterios de homogeneidad como consecuencia del carácter único del Consejo General del Poder Judicial y flexibilidad en su diseño porque atiende a la necesidad que se desarrolle.

La nueva oficina judicial estará dividida en dos tipos: una unidad procesal de apoyo directo –aquellas que asisten directamente a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias– y otra de servicios comunes procesales –aquellas que sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales– con el objetivo de “concentrar recursos en servicios comunes”.

En este sentido, Silva ha apuntado que las unidades procesales de apoyo directo contarán con un secretario y habrá tantas como juzgados, salas o secciones estén creados y en funcionamiento.

Aunque estas divisiones puedan parecer un aumento del gasto, Rogelio Silva ha aseverado que el “principal” objetivo de la modificación de la planta judicial aragonesa es “racionalizar” los medios y que jueces y magistrados se dediquen de manera “exclusiva” a su función jurisdiccional.

Asimismo, ha avanzado que se pretenden crear oficinas dependiendo del tamaño de la jurisdicción, por lo que serán pequeñas para partidos judiciales con uno o dos órganos jurisdiccionales, medianas para Huesca y Teruel, y una gran oficina judicial para la ciudad de Zaragoza.

El consejero de Justicia aragonés no ha apuntado fechas de implantación. No obstante, ha destacado que la “voluntad” del Gobierno de Aragón es comenzar a partir del mes de marzo la implantación de las nuevas unidades administrativas que darán soporte a las oficinas judiciales reformadas, aunque sin formar parte de ellas.

Con respecto a la presencia de los sindicatos. Rogelio Silva los ha tranquilizado, señalando que van a participar en la implantación de esta oficina. “No hemos mantenido relación directa con sindicatos, pero cuando haya cosas que les competan hablaremos con ellos”, ha manifestado.

Finalmente, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior ha afirmado que fue un “acto de valentía” de Aragón asumir las transferencias en esta materia porque “se conoce el estado en que están los edificios o el material informático”. Por este motivo, ha pedido “lealtad” con el Ministerio de Justicia porque está haciendo un “esfuerzo importante”, algo que no implica que no haya reivindicación.

Por su parte, la diputada del Partido Popular Yolanda Vallés ha animado al Ejecutivo a realizar esta oficina judicial porque es una “oportunidad” para mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales unipersonales. Además, ha lamentado que la reforma de las oficinas judiciales no estuviera presupuestada en el proceso de asunción de las transferencias en enero de 2008.

El diputado de Chunta Aragonesista Chesús Bernal ha solicitado al Gobierno de Aragón que con esta nueva oficina los funcionarios tengan “garantías” en el ejercicio de sus derechos.

Los partidos que sustentan al Gobierno autonómico, Partidos Socialista Obrero Español y Partido Aragonés, sus diputados Manuel Lana y Javier Callau, respectivamente, han coincidido en que esta reforma “mejorará la calidad de este servicio ciudadano y que hará que avance hasta el siglo XXI”.

Fuente: aragondigital.es