
Se trata de un sistema piloto que comenzará en Sevilla y que fue anunciado por Justicia como una oficina, que se constituirá en una especie de ensayo de la oficina judicial, y que se dedicará a ejecutar las sentencias de los órganos penales.
Sin embargo los sindicatos no han llegado a un acuerdo porque, según explicaron ayer, la Junta de Andalucía pretende ponerlo en marcha sin base legal. Esto es, que los funcionarios de los órganos penales que pasarán a formar parte de este nuevo servicio seguirán adscritos a los mismos juzgados y no tendrán retribuciones específicas por el nuevo trabajo que realicen. Ayer, según fuentes de STAJ, Justicia entregó a los sindicatos un borrador para que presenten alegaciones.
Peticiones inasumibles
Pese a ese plazo, la nota emitida por Justicia insistía en que la nueva unidad comenzará a funcionar «si no hay acuerdo con las partes».
La fecha límite fijada por el departamento que dirige Begoña Alvarez es la semana que viene en caso de no llegar a acuerdo con los sindicatos. Además Justicia calificó las peticiones de estas formaciones como «inasumibles» por la administración andaluza.
En el comunicado la administración andaluza «confía» en la responsabilidad de los sindicatos para alcanzar un punto de entendimiento. Ayer fuentes del sindicato STAJ aseguraron que si ese servicio se impone sin acuerdo, la Junta se arriesga a que le lluevan recursos contenciosos.
Fuente: ABC.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario