Las posibles ubicaciones de los expedientes judiciales de Vigo son el archivo de los juzgados –donde se encuentran actualmente– o, en el caso de información de más de treinta años de antigüedad, el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Ambas instalaciones están completamente saturadas y la Consellería de Presidencia ha optado por constituir la Xunta de Expurgación, un órgano contemplado ya en un decreto de 2009 que decidirá qué documentación conservar y cuál eliminar de los tribunales gallegos.
El Gobierno autonómico asegura estar buscando fecha para su formación y estima que “en torno al 90% del papel almacenado se destruirá”. Pese a todo, antes de que se reúna la comisión, personal de Xustiza y Cultura deberán elaborar un inventario de toda la información apilada en los sótanos de los juzgados vigueses y establecer los criterios para purgar su archivo.
Así, y pese a la reclamación del juez decano de Vigo, Germán Serrano, de un nuevo archivo ante la falta de espacio en el actual, la consellería descarta dotar a la ciudad olívica de uno nuevo.
Fuentes oficiales del departamento que dirige Alfonso Rueda señalan que la eliminación de documentos judiciales comenzará por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para luego continuar por las audiencias provinciales, y en una segunda fase se extenderá a los archivos de los juzgados.
Fundamentalmente, los sótanos de los edificios de la calle Lalín albergan resoluciones judiciales y antiguos registros civiles, como los del extinto municipio de Lavadores (integrado en Vigo en 1941). “Estos datos están integrados en el registro de Vigo, por lo que no se perderán”, apuntan desde Presidencia. En relación a la información relativa a los pleitos (algunos se remontan a 1910), solamente se conservará la “que tenga un contenido con un valor histórico o cultural”, por lo que la inmensa mayoría de estos documentos se desecharán. Desde la Xunta justifican que se trata de “datos privados”.
En este sentido, la consellería aclara que los criterios de selección, como podría ser la antigüedad de los documentos, se concretarán cuando se constituya la Comisión de Expurgación, un órgano que actuará en toda la comunidad gallega y que estará formado por el presidente del TSJG, un miembro del Ministerio Fiscal, un funcionario de la Consellería de Presidencia, un técnico superior especialista en archivos designado por Cultura y un secretario judicial. La sede se ubicará en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Posibles reclamaciones
El juez decano de Vigo, Germán Serrano, en defensa de la conservación del archivo judicial, apunta que “una señora fue a los juzgados hace poco a consultar una sentencia de la década de los sesenta”. “Los documentos originales pueden reclamarse años después”, advierte el magistrado.
Serrano apuesta por la digitalización de todos los papeles, aunque esta iniciativa no entra en los actuales planes de la Xunta. Por el momento, y todavía sin fecha de cambio, millones de expedientes deteriorados se acumulan en las estanterías y en los pasillos de los bajos de los juzgados. “Allí no hay humedades y la documentación no presenta problemas de conservación”, afirman desde Presidencia.
Fuente: farodevigo.es
El Gobierno autonómico asegura estar buscando fecha para su formación y estima que “en torno al 90% del papel almacenado se destruirá”. Pese a todo, antes de que se reúna la comisión, personal de Xustiza y Cultura deberán elaborar un inventario de toda la información apilada en los sótanos de los juzgados vigueses y establecer los criterios para purgar su archivo.
Así, y pese a la reclamación del juez decano de Vigo, Germán Serrano, de un nuevo archivo ante la falta de espacio en el actual, la consellería descarta dotar a la ciudad olívica de uno nuevo.
Fuentes oficiales del departamento que dirige Alfonso Rueda señalan que la eliminación de documentos judiciales comenzará por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para luego continuar por las audiencias provinciales, y en una segunda fase se extenderá a los archivos de los juzgados.
Fundamentalmente, los sótanos de los edificios de la calle Lalín albergan resoluciones judiciales y antiguos registros civiles, como los del extinto municipio de Lavadores (integrado en Vigo en 1941). “Estos datos están integrados en el registro de Vigo, por lo que no se perderán”, apuntan desde Presidencia. En relación a la información relativa a los pleitos (algunos se remontan a 1910), solamente se conservará la “que tenga un contenido con un valor histórico o cultural”, por lo que la inmensa mayoría de estos documentos se desecharán. Desde la Xunta justifican que se trata de “datos privados”.
En este sentido, la consellería aclara que los criterios de selección, como podría ser la antigüedad de los documentos, se concretarán cuando se constituya la Comisión de Expurgación, un órgano que actuará en toda la comunidad gallega y que estará formado por el presidente del TSJG, un miembro del Ministerio Fiscal, un funcionario de la Consellería de Presidencia, un técnico superior especialista en archivos designado por Cultura y un secretario judicial. La sede se ubicará en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Posibles reclamaciones
El juez decano de Vigo, Germán Serrano, en defensa de la conservación del archivo judicial, apunta que “una señora fue a los juzgados hace poco a consultar una sentencia de la década de los sesenta”. “Los documentos originales pueden reclamarse años después”, advierte el magistrado.
Serrano apuesta por la digitalización de todos los papeles, aunque esta iniciativa no entra en los actuales planes de la Xunta. Por el momento, y todavía sin fecha de cambio, millones de expedientes deteriorados se acumulan en las estanterías y en los pasillos de los bajos de los juzgados. “Allí no hay humedades y la documentación no presenta problemas de conservación”, afirman desde Presidencia.
Fuente: farodevigo.es
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