El Banco Santander -que pagó más de 300.000 dólares- no fue la única empresa que financió los cursos impartidos por Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Los abogados que se querellaron contra el juez aseguran tener indicios de que éste reclamó donativos a otras entidades, entre ellas Cepsa, y han pedido al Tribunal Supremo que se dirija a la petrolera para que aclare si contribuyó con 86.000 euros a sufragar el permiso académico de Garzón en Estados Unidos.La compañía presidida por Santiago Bergareche ni confirmó ni desmintió este extremo. Un portavoz oficial se limitó a señalar que el máximo responsable de Cepsa en los años del supuesto pago a Garzón era Carlos Pérez de Bricio, y añadió, ante la insistencia en verificar si en los archivos contables y documentales de la petrolera aparece un apunte de 86.000 euros con destino a la Universidad de Nueva York, que "no va a ser posible obtener esa información".
Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular en la querella contra Garzón por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación, han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una batería de diligencias en la que solicitan, entre otras pruebas testificales y documentales, que se "libre oficio a Cepsa para que informe de los posibles patrocinios abonados a la Universidad de Nueva York".
El sueldo de Garzón
Según Panea y Mazón, la compañía petrolera "hizo un donativo o patrocinio muy relevante al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York, que nuestras fuentes sitúan en 86.000 euros, con los cuales se habría financiado el sueldo del querellado". Los abogados, basándose en sus propias "pesquisas", sostienen que fue el propio Garzón "u otra persona en su nombre" quien solicitó esos fondos a Cepsa.
Garzón dirigió dos ciclos de coloquios en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York durante la licencia por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial entre 2005 y 2006, que fueron patrocinados por el Banco Santander con 302.000 dólares después de que el juez solicitara financiación por escrito al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín. Garzón, además, impartió clases durante ese mismo periodo en el Centro de Derecho y Seguridad de la misma universidad, por las que percibió un sueldo mensual de casi 11.000 dólares.
Panea y Mazón, cuya querella contra Garzón ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo, recuerdan que el supuesto pago de Cepsa se produjo cuando la compañía petrolera estaba participada al 35% por el Banco Santander y su vicepresidente era Alfredo Sáenz, actual consejero delegado de la entidad financiera y hombre de confianza de Botín.
Los abogados querellantes también piden ahora a la Sala Segunda del Supremo que solicite un informe a la Universidad de Nueva York "sobre el origen de los fondos del Centro de Derecho y Seguridad con los que se pagaba el sueldo al señor Garzón, especificando si eran fondos propios de la universidad o se financiaron con algún patrocinio de entidad externa".
La querella de Panea y Mazón contra el juez de la Audiencia Nacional se suma a la de los crímenes del franquismo y la de las escuchas del caso Gürtel, todas ellas admitidas a trámite por el Supremo. Garzón se enfrenta a una suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero seguirá ejerciendo sus funciones hasta que el Supremo decida si le sienta o no en el banquillo de los acusados.
Fuente: elconfidencial.com
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