¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la política en el Poder Judicial? Voces de la magistratura consultadas afirman que se encuentra instaurada en el propio órgano de gobierno de los jueces gracias a aquellos vocales que agradecen con "seguidismo" su designación. Otras, que la confianza en los jueces debe ser ciega. "Nunca he recibido la llamada de un político ni conozco a nadie a quien le haya ocurrido", declara el portavoz de Jueces para la Democracia; el de la Francisco de Vitoria, que "los partidos se metieron en su día donde no debían y hoy son víctimas de aquello".
"Los jueces abajo firmantes, por encima de nuestras plurales diferencias ideológicas y concreta vinculación o no a cualquiera de las cinco asociaciones judiciales existentes (APM, FV, JD, FJI y ANJ), consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial en nuestro país". Estas líneas dan comienzo al manifiesto de la 'Plataforma por la despolitización y la independencia judicial', que reclama un pacto de Estado que recupere la "dignidad" de los magistrados y tribunales españoles.
Los jueces han movido ficha. Están en boca de los políticos y en consecuencia —y en los mismos términos- de la opinión pública, y valoran que ha llegado el momento de dirigirse a los partidos para pedirles que aprendan a respetar los procesos y las sentencias. Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FV), los invita a "estar callados" porque ya "llueve sobre mojado" y la mala imagen de la justicia en la calle es "preocupante".
En los últimos días, Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, portavoz del órgano, Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional y la citada plataforma, que representa a 1.400 jueces —una cuarta parte del total-, se han desmarcado públicamente de la política. Dívar cree "intolerable" que se llame "prevaricadores" a determinados jueces con tanta ligereza, según expresó durante un discurso en León en unas palabras que días más tarde ha subrayado en rueda de prensa Bravo, quien ha pedido el "máximo respeto" hacia los jueces y tribunales españoles. Juanes, no oculta su "preocupación" por la presencia "constante" de informaciones relativas a los jueces en los medios de comunicación. "No es nada agradable", dice, que la justicia sea un tema más de conversación en este país por asuntos siempre turbios.
El manifiesto ya presentado establece un punto de inflexión en 1985, cuando, en opinión de los firmantes, arranca "la progresiva ocupación del Poder Judicial por el Legislativo" con la ley orgánica que procede a "desposeer" a los jueces de su derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ, como venían haciendo desde 1980. Hoy, son las Cortes las que, a propuesta de la magistratura, eligen a los vocales. En este punto, hay posiciones encontradas entre asociaciones. Ignacio Espinosa, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), opina que “la justicia mana del pueblo y es adecuado que sean los representantes del pueblo quienes elijan a los encargados de impartirla”. Por el contrario, Sexmero, de la Francisco de Vitoria, expresa que "el Poder Judicial no es el CGPJ sino los jueces y magistrados de este país" y que, a su parecer, la solución del problema "es muy fácil: la despolitización del órgano de gobierno". Sexmero explica que el CGPJ "está tocado por el mercadeo y el pasteleo político" y que eso lo extiende al resto de dependencias judiciales en España, ya que de él dependen nombramientos y la gestión de los recursos humanos.
"Nunca he recibido la llamada de un político"
El comunicado de Gabriela Bravo “quizá calme los ánimos a corto plazo, pero nada más”, opina Espinosa, a quien le parece “muy bien” que el CGPJ pida “prudencia”. Sobre las alabanzas de Rodríguez Zapatero, su Gobierno y el PSOE a Baltasar Garzón, cree que “no añaden nada en absoluto y no suponen ninguna interferencia”. Por su parte, Sexmero es más crítico y lamenta que en este país se “tienda” a presionar a los jueces, porque un halago, recuerda, “también es presión indirecta” mientras las querellas contra Garzón se encuentran en pleno proceso de deliberación. De hecho, el portavoz de la Francisco de Vitoria, al que le “sorprenden” las “continuas declaraciones del presidente, del Ejecutivo y del partido que los sustenta”, critica de igual forma las manifestaciones de Federico Trillo en las que reprocha a Gabriela Bravo que tache de “demagógica” la intención del Partido Popular de instaurar la cadena perpetua revisable. “Duelen todas aquellas palabras que atentan contra la independencia del Poder Judicial”, sentencia Espinosa.
Los representantes de JpD y FV coinciden en señalar que las resoluciones “hay que acatarlas, aunque no hay por qué compartirlas”. En todo caso, matizan, el silencio es lo más recomendable durante un proceso, muy al contrario de los ya habituales juicios paralelos en política, medios y calle. Entretanto, los partidos respetan o tachan de parcial una sentencia en función del beneficio o perjuicio que les proporcione. “Es culpa de los propios partidos, que se metieron en su día donde no debían y hoy son víctimas de aquello”, señala Sexmero.
Por último, Espinosa, más optimista que su compañero, dice que “de los 4.700 jueces que hay en España, probablemente sólo unos 100 se dediquen a dirimir cuestiones relacionadas con la política” y remarca que, en 32 años de profesión —es presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja-, nunca ha recibido la llamada de un político ni conoce a nadie a quien le haya ocurrido, por lo que insta a la “calma” para no seguir “desprestigiando” ni viendo “segundas intenciones” en la labor de un juez.
Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y observador permanente del mundillo, apunta "un virus muy peligroso" que se está instalando en la magistratura: "la sensación de que, en la carrera judicial, asciende no el mejor, o el más trabajador, sino quien tiene los contactos profesionales y políticos". No obstante, puntualiza, "sólo un reducido número de jueces actúan con un condicionamiento político, mediático o propio de quien pone por encima de todo su ego".
Esta semana que ya termina, los jueces han hecho público que están molestos con los políticos. Han recibido ataques desde fuera y dentro de España y todos opinan de su trabajo. Piden distancia, una línea divisoria que no sólo garantice su independencia sino que también haga ver a la opinión pública la honestidad de los magistrados y tribunales. Y los políticos, contradictorios y con un ya habitual doble rasero, no parecen dispuestos a desligarse de aquello que los puede librar de una buena.
Fuente: elimparcial.es
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