La vigilancia de los juzgados aragoneses ha vuelto a enfrentar al Ministerio de Interior y a la Consejería de Política Territorial, Interior y Justicia de la DGA. La tensión ha llegado al punto de que la Guardia Civil cursó la orden de que los efectivos de reserva asignados al servicio de custodia en oficinas judiciales de la comunidad dejen de prestarlo a mediodía del próximo miércoles, 19 de enero.Este servicio viene creando tensiones entre las dos administraciones desde mediados del 2009, el segundo año en el que el Gobierno de Aragón desarrolló las competencias en materia de medios humanos y materiales de Justicia.
La vigilancia de los juzgados aragoneses tiene un sistema mixto en el que participan agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, efectivos de la reserva de la Guardia Civil y personal de empresas de seguridad privada. En el caso del instituto armado, los agentes asignados a ese servicio cobran un complemento de 487 euros sobre su salario base que debería asumir el Gobierno de Aragón pero que, en la práctica, continúa pagando el Ministerio del Interior.
El Ejecutivo autonómico tiene en sus manos una propuesta de convenio con el ministerio para regular ese servicio que, por ahora, se niega a firmar. Un portavoz de Política Territorial mostró la "firme voluntad de llegar a un acuerdo" y aseguró que "queremos firmar ese convenio".
POSICIONES
Las posturas que comienzan a antojarse irreconciliables consisten en que el Gobierno central está harto de pagar cada mes varios miles de euros cuya cobertura debería asumir el Ejecutivo autonómico, mientras que este último mantiene que solo suscribirá el convenio y asumirá el complemento si la Guardia Civil le garantiza estabilidad en la cifra de efectivos para poder planificar el resto del servicio.
El instituto armado convoca cada año 54 plazas vacantes para servicios de vigilancia en juzgados, de las que en la actualidad hay cubiertas nueve: seis en Zaragoza, una en Huesca, otra en Teruel y una más en Calatayud. Algunas se encuentran en los juzgados con mayor riesgo de conflictividad, como los de Violencia contra la Mujer o los de Vigilancia Penitenciaria, y en otros como los contenciosos o el Registro Civil. Los propios jueces consideran a estos agentes como los más idóneos para prestar el servicio en los dos primeros tribunales.
Diversas fuentes apuntaron que la intención de la DGA sería asignar a firmas privadas la vigilancia de todos los juzgados.
Fuente: elperiodicodearagon.com
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