El papel de los gabinetes psico-sociales al servicio de los juzgados

La justicia de nuestros tribunales no es perfecta. Los jueces son personas normales, sometidos a las pasiones y defectos de los demás humanos. De ahí que sus sentencias puedan a veces no ser justas. Para impedir que esto suceda está la labor de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Son éstos los obligados a darnos un sistema judicial que no adolezca de lagunas permisivas de la arbitrariedad judicial. Porque entre el arbitrio y la arbitrariedad hay una tenue línea. Y en este terreno parece que queda mucho por hacer en España.


Una de estas lagunas puede darse en los Juzgados de Familia. El Gabinete Psico-Social tiene a la psicóloga (pues casi siempre se trata de una mujer) convertida en funcionario de la Administración de Justicia como pieza fundamental en los litigios del Juzgado. Investida de los dones de veracidad y de absoluta imparcialidad, sus informes son seguidos por el juez casi en el cien por cien de los casos, invalidando todos los dictámenes que puedan presentar otros profesionales. El perito del juzgado, que incluso puede sustituir al juez en la exploración de los menores, le marca al juzgador las líneas por donde tiene que discurrir la sentencia.

Es bastante verosímil que la asesora judicial se equivoque, más aún cuando en muchas ocasiones redacta un informe sin aplicar ningún test científico, solamente con sus impresiones sacadas de una simple entrevista. Hasta ella misma tiene que reconocer, porque es de sentido común, que emite una opinión personal y por tanto subjetiva. Aun así su intervención es tan decisiva en el litigio que de hecho aparece como el máximo poder en el Juzgado. Y si falla en su parecer el daño que hará cuando hay menores por medio será muy grande.

Pero todavía puede ser peor. El juez aplica las leyes en los procesos, las pruebas las hace constar en el sumario y el acto de la vista queda grabado en vídeo. Sin embargo, la psicóloga además de aplicar su criterio subjetivo, si emplea tests no está obligada a incluirlos en el informe, como tampoco la identidad de los testigos a los que interroga y, lo más grave, sus entrevistas realizadas en el juzgado no se graban. Como consecuencia de ello, esta asesora judicial podría quitar o poner partes de la entrevista, tergiversar unas manifestaciones, falsear los hechos, etc., sin que ningún control exista al respecto. Todo depende del sentido ético que tenga. Dejar a la ética de esta persona la decisión de una sentencia y, por consiguiente, el futuro de unos niños es un riesgo enorme. Si para el juez existen mecanismos de control, ¿por qué no los hay para los peritos del equipo psico-social? Dejando al margen la ética o profesionalidad de cada uno, ¿es que no pueden cometer errores? ¿Acaso son infalibles?

En la vista del pleito, la psicóloga, si no tiene argumentos para justificar su informe, puede modificar las declaraciones que ha hecho una de las partes en la entrevista con ella. No es posible decirle que está equivocada o que miente (en uno u otro caso su informe tendría que quedar anulado), porque la mencionada entrevista no se graba y la palabra del litigante perjudicado no vale nada frente a la sacrosanta palabra del perito judicial.

Incluso si el entrevistado ha tenido la precaución de grabar su conversación tampoco le sirve de mucho. Puede apelar a la Audiencia y presentar las pruebas, pero las rechazarán por improcedentes. La ley obliga a los jueces a abrir una investigación si hay indicios de la comisión de un delito, pero también tienen la potestad de aplicar su arbitrio y considerar que las pruebas no son relevantes. Y si la persona perjudicada quiere interponer una querella se encontrará con que no encuentra abogado dispuesto a llevársela. Unos por temor a las futuras represalias, otros porque consideran un objetivo imposible la condena de un miembro del juzgado.

Si estos condicionantes se dan, el resultado puede ser, como se ha producido recientemente, que un ciudadano normal que no ha cometido ningún delito, ni nada de lo que tenga que avergonzarse ante su hijo, tenga que soportar que éste crezca sin ninguna relación con él porque así lo decide el perito judicial, y sin que pueda demostrar, aún teniendo las pruebas, que éste ha cometido errores o irregularidades. Así funciona la justicia, no en un país tercermundista sino en España. Éste es el sistema judicial que nos han dado los políticos que tanto alardean de democracia.

Un artículo de opinión de Salvador Hidalgo, profesor de Ciencias Sociales, licenciado en Derecho y doctor en Historia.

Fuente: laverdad.es