Cochabamba, Bolivia: Los juicios tardan hasta nueve años para sentencia

Son 700 causas en movimiento en cada uno de los juzgados de sentencia del municipio de Villa Tunari en el trópico de Cochabamba, de las cuales ni el 2 por ciento fue resuelta en el último año. Sólo en el juzgado de sentencia número 2 fueron resueltos aproximadamente 10 juicios. Así lo informó el juez técnico de sentencia, Eduardo Arce, que desde el año pasado no cuenta con un oficial de diligencias y un secretario para impulsar de forma adecuada cada uno de los procesos.


La falta de personal, infraestructura y las distancias alejadas para notificar a los jueces ciudadanos y testigos, como también otros problemas son la causa de la mora judicial.

NARCOTRÁFICO

Casi la mitad de estos procesos pendientes corresponden a los delitos de narcotráfico. El Ministerio Público tiene por lo menos 300 en cada juzgado que no puede resolver. Para el fiscal de Sustancias Controladas, Miguel Trigo, en una mayoría los involucrados deben ser juzgados en rebeldía.

“Hay juicios de 2005 que esperemos se resuelvan el 2011”, manifestó.

Dijo también que con las nuevas disposiciones legales, en los delitos de narcotráfico, no existe la prescripción.

Pero, los procesos no son sólo desde el 2005, existe información de que incluso corresponden a la gestión del 2002 en el primer juzgado mientras que el segundo tiene desde el 2007 que fue el año de su creación.

PENDIENTES

Esta situación se repite en el distrito de Cochabamba donde desde el 2 de enero de 2010 hasta el 5 de diciembre de ese año la Corte Superior de Justicia tiene más de 76 mil procesos pendientes. En algunos casos, el número de pendientes es mayor al de resueltos. Esto es evidente en los tribunales de sentencia donde ingresaron 323, se resolvieron 179 y quedan pendientes 1.283.

Lo mismo ocurre en los juzgados de Sentencia, de Ejecución Penal, Instrucción Cautelar e Instrucción Civil.

SIN PERSONAL

En Villa Tunari existen dos tribunales de Sentencia. Cada uno debe contar con un juez, el secretario y el oficial de diligencias o actuario. Desde marzo del año pasado el Tribunal de Sentencia 2 no tiene un oficial de diligencias y en noviembre renunció el secretario. Esto obliga a que el juez sea quien atienda directamente a los litigantes, abra la oficina, reciba memoriales y otros trámites propios del personal de apoyo. A raíz de esto, el juez Arce tiene que “prestarse” a la secretaria de otro juzgado que hace su trabajo y tiene estos turnos extraordinarios. “Los casos pendientes se llevan adelante, pero falta celeridad con los funcionarios”, dijo.

Recordó que hizo la solicitud al Consejo de la Judicatura donde le informaron de la designación del secretario -en diciembre- pero desde entonces no se presentó el funcionario.

El responsable distrital del Consejo, Jhonny Ledezma, dijo que la atribución de designación es propia de la presidencia de la Corte. “Cada año sacamos la convocatoria en febrero y la lista de quienes se habilitan para estos cargos se envía a presidencia, son entre 90 y 120 nombres”, indicó.

Para Ledezma no es fácil designar personal para provincias, en especial en zonas alejadas. Esto se debe a que el presupuesto para el salario (Bs 2.500) es indistinto al lugar donde presta sus funciones.

INFRAESTRUCTURA

La falta de recursos económicos afecta también a la implementación de infraestructura. Este año el presupuesto se redujo de 400 mil bolivianos a 150 mil.

En Villa Tunari las oficinas del Poder Judicial están ubicadas en una vivienda frente a la Plaza Principal. Los tribunales de sentencia funcionan en la parte de adelante. Se habilitó uno de los ambientes con cortina metálica para la sala donde se llevan a cabo los juicios. En este caso se cumple lo que dice la ley, que los juicios son públicos toda vez que cualquier persona que circula por el lugar puede participar del mismo. Lo que no se respeta es el silencio en la sala de audiencia. Los ruidos son propios del lugar. El espacio de al lado, también con cortina metálica, funciona como la oficina del juez que no tiene personal de apoyo.

Lanchas para buscar jueces ciudadanos

Uno de los principales problemas para resolver los procesos pendientes es la conformación del tribunal de sentencia con los jueces ciudadanos.

Si bien la selección de los mismos (por sorteo) es inmediata, su notificación se dificulta. El oficial de diligencia debe recorrer a pie y hasta en lanchas las diferentes poblaciones en busca de los ciudadanos que según la ley participan como juzgadores dentro de un juicio oral en materia penal. A veces se tarda hasta un mes en encontrar la dirección, pero se presentan otros problemas como el cambio de domicilio, abandono y otros aspectos que no se reportan. Pese a los esfuerzos del personal, muchos de ellos no se presentan y se debe empezar de nuevo.

Las víctimas que tenían la esperanza de contar con un proceso ágil de administración de justicia, una vez más deben esperar. Al principio los incidentes, recusaciones, etcétera que muchas veces se conocen como “chicanerías” de los abogados forman parte de la etapa más difícil.

Los tribunales de sentencia están integrados por cinco jueces, dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos. Los dos jueces técnicos son abogados de profesión, elegidos de acuerdo a disposiciones de ley y son quienes en realidad aplican las leyes. Si alguno de los jueces ciudadanos no se presenta genera un círculo vicioso que entraba el proceso y retarda el accionar de los jueces técnicos en perjuicio de las víctimas.

Fuente: opinion.com.bo