El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga es con toda probabilidad el órgano judicial más saturado del país. El responsable en Málaga del STAJ, Juan Antonio Luque, reconoce que en los últimos tres años, debido a la carestía económica, «han entrado muchísimos concursos, permaneciendo inalterables las plantillas de los órganos mercantiles y sin que se creen más juzgados, como ya se ha pedido en numerosas ocasiones». Los números asustan de tal forma que, en la puerta, se ha colocado un folio en el que se muestran los diversos registros y se pide a profesionales y ciudadanos que juzguen por ellos mismos.La situación parece anecdótica, pero si los procesos concursales que presentan las empresas se resolvieran en un año, como aconseja la ley, probablemente aumentaría su supervivencia. Por contra, el colapso que sufre la oficina incide directamente en la yugular de la economía provincial.
Sólo un dato: en los últimos tres años estos juzgados –desde abril de 2009 hay un número 2– han registrado la entrada de 652 procesos concursales, es decir, empresas que se han declarado en suspensión de pagos y pretenden negociar un calendario más racional de cobros con su lista de acreedores.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece que la carga ideal de estos procedimientos es de veinte por año y juez, por lo que las cuentas son fáciles: los dos órganos mercantiles de Málaga multiplican por 32 el trabajo aconsejado.
Y eso saca de quicio a cualquiera: el magistrado Antonio Fuentes califica la situación de «kafkiana», para emplear después el adjetivo «deleznable» y acabar la descripción de la situación con «caótico».
Actualmente, su órgano arrastra 300 concursos vivos. «El concurso está pensado para que culmine en un año, porque, a partir de ese periodo, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar deudas hipotecarias desaparece. Está pensado para que haya celeridad pero es irreal», explica el magistrado.
El trámite no es difícil, pero su concreción es casi imposible en estas condiciones: se nombran administradores concursales que, tras fiscalizar las cuentas de la empresa, emiten un informe en el que se fija el activo y el pasivo de la sociedad. Se crea, después, una lista de acreedores y éstos pueden interponer un incidente concursal si no están de acuerdo con la cantidad que se les debe; ello se resuelve en una vista independiente. Al final, se ha de llegar a un calendario de pagos con una quita importante para el agobiado empresario, aunque también se puede liquidar la mercantil si no se llega al pacto. El Málaga Club de Fútbol, por ejemplo, se salvó así de la desaparición.
En la Costa del Sol, la crisis inmobiliaria ha hecho que empresas que hasta hace unos años parecían imbatibles hayan acabado llamando a las puertas del juzgado: Aifos o EveMarina se han declarado en suspensión de pagos. Otra famosa sociedad en este peculiar brete es Aurigacrown –alquiler de coches–.
Demasiado trabajo
«Esto tiene grandes implicaciones: es trabajo de hablar con mucha gente, de hablar con los administradores, con los trabajadores. Y no se trata únicamente de sacar papel, sino que hay que atender a las dudas. Se incide directamente en los trabajadores y en las empresas», reflexiona.
Sólo el concurso de Aifos ha generado 700 incidentes concursales: «Estamos en la primera fase del concurso, pero hasta que no se resuelvan todos los incidentes no podemos cambiar de trámite. Podemos seguir así hasta 2013, y el proceso se inició en 2009», indica.
Y es que sólo el concurso de acreedores de Aifos necesitaría un órgano para él solo. «En 2009 nos entraron 145 concursos; 124 en 2010. En 2009 llegaron menos porque se hizo un reparto extraordinario al abrirse el nuevo juzgado», indica el magistrado.
De las diez personas que hay en la plantilla, cuatro se dedican exclusivamente a gestionar los procesos concursales. Y una de ellas, acompañada de su ordenador, es la que tramita un procedimiento tan voluminoso como Aifos.
La carga aconsejada para un órgano de este tipo –incluyendo otros procesos– es de 350 asuntos al año. «Si Aifos ha generado entre setecientos y un millar de nuevos procedimientos...», se pregunta el magistrado, quien, además de la ardua tarea de gestión de la oficina, debe hacer frente a numerosos problemas diarios derivados de la elevadísima carga de asuntos.
«Estamos en una situación muy complicada. Además, en España no hay cultura concursal. En otros países, para nada es un descrédito acudir a esta figura; al contrario, es una garantía para el negocio. Lo que no es normal es que hagamos una ley semejante a la europea y luego no se dote de medios oportunos a quienes tienen que aplicarla», señala.
El magistrado afirma que muchos particulares se han declarado en suspensión de pagos, pero asegura que «el concurso de una persona física no vale para nada, porque debe abonar, aunque se acoja a la justicia gratuita, el coste de la administración judicial, y, pese a lo que se cree, no se libran de seguir pagando los préstamos hipotecarios».
En su opinión, «la ley está hecha para empresas, no para personas. En otro países sí existe el derecho de insolvencia para los consumidores, pero, mientras no exista una legislación específica para eso, yo no pediría un concurso de acreedores».
Fuente: laopiniondemalaga.es
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