Lejos de mejorar, la situación de la Justicia en Galicia está sumida en un proceso de deterioro agravado ahora por el impacto de la crisis económica. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así lo dicen: en la comunidad se acumulaban al término del primer trimestre de este año 169.000 asuntos sin resolver, casi 50.000 más que hace ocho años. Todos los indicadores que analizan la salud del sistema judicial (las tasas de pendencia, resolución y congestión) evidencian durante este período un desgaste relativamente sencillo de explicar: los juzgados tienen más asuntos de los que pueden resolver con los medios de que disponen y su operativa actual.La conclusión es simple. Lo que hay hasta llegar a ella ya no lo es tanto. Jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios coinciden en que los medios actuales son insuficientes, especialmente ahora que la crisis está haciendo de las suyas y la carga de trabajo se ha incrementado hasta en un 20% en algunas salas. Todos subrayan que es preciso disponer de más jueces, porque es ahí donde se concentra el cuello de botella que atenaza al sistema.
Pero ni mucho menos esa sería la panacea. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Miguel Ángel Cadenas, es categórico al respecto: «Este no es solo un problema de falta de medios. Es de reorganización y de modernización de los instrumentos, quizás sea preciso un replanteamiento global de lo que es la Administración de Justicia».
Ese replanteamiento integral resulta imprescindible, a los ojos de los actores del mundo judicial. Un símil informático explica con facilidad la cuestión: el sistema operativo de la Justicia en España está desfasado. Lo confirma Juan José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza: «Tenemos una Justicia en muchos casos con procedimientos del siglo XIX en pleno siglo XXI».
La excesiva dependencia del papel y la lenta, «lentísima», asegura el abogado arousano Luis Abalo, incorporación de las nuevas tecnologías, vital para acelerar trámites como las notificaciones o incluso las ejecutorias de las sentencias, son obstáculos que abundan en la congestión de un sistema que, además, cada vez soporta mayor carga de trabajo. De hecho, los juzgados y audiencias gallegas absorbieron el año pasado casi medio millón de asuntos, un 31% más que en el 2001.
Por ello, tanto el Poder Judicial como la Xunta y el Ministerio de Justicia le tienen mucha fe a la creación de la nueva oficina judicial. En síntesis, la puesta en marcha de este proyecto supondrá una profunda transformación de la forma de trabajo y de organización de los juzgados, de modo que se crearán unidades de servicios comunes que trabajarán para varios jueces al mismo tiempo. En estos momentos, los juzgados (y su personal) operan como compartimentos estancos cuya relación no se ve alterada por el volumen de su carga de trabajo. Paralelamente, el secretario judicial verá ampliadas notablemente sus competencias y podrá realizar tareas de tramitación procesal, hasta ahora en manos de los jueces, que tendrán vía libre para dedicarse a juzgar y ejecutar sus sentencias.
El Poder Judicial confía en que la nueva oficina judicial esté operativa el año que viene. No será sin tiempo. No en vano, su implementación fue aprobada por el Congreso de los Diputados en el 2003.
Fuente: lavozdegalicia.es
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