
«La escasez de personal y el hecho de que en tres meses se harán actuaciones que no tendrán continuidad formarán un tapón al cabo de los tres meses», aseveraron. Según los datos del STAJ, 162 funcionarios se enmarcan dentro del Régimen A: 39 para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción; 11 para la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; 100 para los los Juzgados de Primera Estancia; y 12 en los Juzgados de lo Penal. El resto, 66, trabajarán en los decanatos y los servicios comunes pertenecientes al Régimen B.
Los funcionarios dedicados a la gestión y a la tramitación procesal prestarán sus servicios los martes, miércoles y jueves en horario de 16.00 a 19.00, mientras que los del Cuerpo de Auxilio Judicial lo harán un día a la semana en el mismo horario y sin que se puedan exceder de 11 días. En el Régimen B, los funcionarios también adelantarán trabajo en el mismo horario independientemente del cuerpo al que pertenezcan, según el STAJ. Su secretario provincial, Juan Antonio Luque, destacó que el plan ideado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía es «un parche».
«Esta solución es coyuntural para un problema estructural que gira en torno a la falta de juzgados, plantillas y medios materiales», explicó Luque. En este sentido, desde el sindicato lamentaron la corta duración de un plan que cubrirá 31 días efectivos de trabajo entre el 1 de septiembre y el 11 de noviembre para unos cuerpos y 11 días efectivos para otros. «De la escasez de la plantilla que han propuesto se deduce que sólo acudirán tres de los 8 ó 10 funcionarios que prestan servicio normalmente, dijo Luque, quien también lamentó la inclusión de sólo 40 órganos del Régimen A de los más de 150 existentes en la provincia de Málaga.
Luque recuerda además que «no ha existido un criterio acertado para designar qué juzgados son los que se deben incluir y cuáles no». Este criterio, según el representante del STAJ, ha de basarse en la el volumen de entrada de asuntos y en el porcentaje de exceso que tiene cada oficina judicial sobre lo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial.
Fuente: laopiniondemalaga.es
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