Un padre sevillano ha presentado una reclamación de 180.175 euros al Estado por un presunto mal funcionamiento de la Justicia ya que ningún juzgado quiso hacerse cargo de su divorcio y ha estado más de tres años sin poder establecer una relación normalizada con su hija. La reclamación de R.I.D., explica que en julio de 2005 interpuso demanda de divorcio, pero en agosto su ex esposa entabló acciones penales contra él y a partir de entonces el juzgado de Familia y el de Violencia sobre la Mujer se declararon incompetentes para abordar el caso.La demanda dice que "bajo la justificación de que estábamos ante la aplicación inicial de la Ley de Violencia de Género", la realidad es que un mal funcionamiento de la Justicia y sus entidades colaboradoras dio lugar a un "cúmulo de despropósitos judiciales" que a día de hoy le siguen impidiendo tener una relación "normalizada" con su hija.
Tras la denuncia penal, el juzgado decretó contra R.I.D. una orden de alejamiento que su ex esposa "aprovechó para impedirme estar con mi hija, pese a que dicha orden no se extendía a la menor", según sostiene.
El juzgado de Familia se inhibió de resolver sobre el divorcio para que lo hiciera el juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero éste se declaró incompetente y elevó la cuestión a la Audiencia de Sevilla, que resolvió en mayo de 2006 diciendo que el caso correspondía al juzgado de Familia.
Mientras tanto, R.I.D. estuvo catorce meses sin ver a su hija, hasta que se estableció a su favor un régimen de visitas cautelar pero para entonces la pequeña, de seis años, se mostraba "negativa a irse con una persona con la que había perdido todo contacto durante un considerable periodo de tiempo, al que ve como a un extraño, con total desconfianza y recelo", sostiene la demanda.
La sentencia de divorcio, emitida en diciembre de 2006, reconoció al padre un régimen de visitas normalizado que fue recurrido por la madre, y de nuevo R.I.D. denunció dos veces el incumplimiento por parte de su ex pareja.
Dado que el padre seguía sin ver a su hija, propuso verla en el Punto de Encuentro Familiar, pero esta entidad respondió en octubre y noviembre de 2007 que no podía dar entrada a nuevos casos, por lo que la primera entrevista de padre e hija no tuvo lugar hasta septiembre de 2008.
El abogado demandante, Juan Diego Asencio Cantisán, sostiene que su cliente "ha estado privado durante tres años de todo contacto con su hija, sin que haya existido nunca causa legal que lo justifique", por lo que en el caso concurre un mal funcionamiento de un servicio público "que ningún ciudadano está obligado a soportar".
La demanda contra el Ministerio de Justicia, que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, afirma que esta situación ha provocado a padre e hija "problemas psicológicos insalvables" y hoy en día la menor sigue presentando "un tremendo recelo y desconfianza" hacia su progenitor que impide su relación fuera del Punto de Encuentro.
El padre se considera víctima de "un calvario que no está pagado con indemnización alguna" y que atribuye a que "los jueces no se ponían de acuerdo sobre quien debía hacer algo".
Fuente: elmundo.es
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