Sevilla: "No nos engañemos. No hay dinero para la Ciudad de la Justicia"

Con los recortes arañando las cuentas públicas, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez, es realista y advierte que las obras de la Ciudad de la Justicia no comenzarán antes de cinco años. Lamenta el dinero gastado en alquileres judiciales, que —dice— podrían haber pagado ya la Ciudad de la Justicia.


—Lleva años denunciando la precariedad judicial ¿aún le quedan energías para predicar en el desierto?

—Llevo seis años en el cargo y la situación es peor, ya que la crisis ha aumentado la litigiosidad. A ello hay que sumarle el hecho de que Sevilla tiene una gran precariedad en el tema de los edificios judiciales.

—Pues para el ministro Caamaño las cosas no están tan mal...

—Él es dueño de sus manifestaciones, pero es evidente que hay una sensación de frustración. El último informe del CGPJ sobre el rendimiento de los jueces destacó su profesionalidad porque están resolviendo muy por encima de los niveles razonables de rendimiento, pero aún así la tramitación de los asuntos se dilata porque faltan jueces. El principal problema que tenemos es que hay menos jueces de los necesarios para atender el número de asuntos que entran en los juzgados. Falta voluntad política de transformación de la administración de Justicia.

—Habla de falta de personal, pero hay quien asegura que sobran funcionarios.

—Existen órganos judiciales que tienen un exceso de funcionarios y otros que son deficitarios, por lo que habría que redistribuirlos. Insisto, el principal problema de la Justicia no es de funcionarios, sino de falta de jueces. Si la media europea está en 20 jueces por cada 100.000 habitantes, España tiene 9,8.

—¿Cuántos juzgados necesita Sevilla?

—Tenemos cien juzgados y necesitamos doscientos.

—¿La Justicia es lenta o está colapsada?

—La justicia está colapsada y, por tanto, es lenta. Si un órgano judicial tiene que resolver 700 asuntos y le entran 1.500, por más esfuerzos que haga todo el personal del mismo, se va acumulando un retraso.

—Tal y como estamos, ¿sirvió para algo transferir las competencias de Justicia?

—Las transferencias a Andalucía no han mejorado sustancialmente la situación de la justicia. La Junta ha hecho un esfuerzo, pero claramente insuficiente. A ello hay que sumar el hecho de que en la justicia intervienen tres órganos que intervienen: el CGPJ, el ministerio de Justicia y la comunidad autónoma, lo que hace que se produzcan muchos problemas de coordinación, lo que va a detrimento de la eficacia del servicio público.

—¿Qué solución daría usted?

—Las competencias en materia de administración de justicia deberían pertenecer sólo al CGPJ para evitar problemas de coordinación entre las administraciones. Esa falta de coordinación y las inversiones de cada comunidad autónoma hacen que se produzcan diferencias entre los ciudadanos españoles en razón del territorio en el que viven y las inversiones que cada autonomía realiza. Por ejemplo, el número de jueces por habitantes en el País Vasco es muy superior al de Andalucía, Cataluña o Madrid.

—¿Todos los problemas de la Justicia se solucionan con dinero?

—Claro, aunque también hay que hacer una reforma de las leyes procesales para hacer procedimientos más ágiles. Tenemos que adoptar medidas para evitar la litigiosidad porque en España es muy barato litigar y se litiga por todo, incluso por cosas nimias. Por otra parte, en España no hay cultura de pactos extrajudiciales entre los ciudadanos, razón por la cual han fracasado los mecanismos de evitación de conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje. Todo eso hace que la sobrecarga de los tribunales sea insoportable.

—Como juez decano ha conocido a cinco consejeros de Justicia. Cambian las caras, pero siguen los mismos problemas.

—Los problemas son idénticos y a ello hay que añadir la falta de estabilidad en la propia consejería porque los cambios de los interlocutores han hecho que problemas en los que se había avanzado en la búsqueda de soluciones haya que empezar de nuevo. Como ejemplo, seguimos pendientes de la obra del edificio de la Audiencia y en el Prado de San Sebastián.

—¿Cómo valora la gestión de Luis Pizarro como consejero de Justicia?

—El contacto inicial no me permite valorarlo. Es una persona con peso dentro de los responsables políticos andaluces y en el PSOE. Nuestra esperanza es que sea capaz de desbloquear la Ciudad de la Justicia.

—¿Por qué la Administración es tan generosa para unas cosas y después es tan cicatera con la justicia?

—El problema de la justicia es su falta de rentabilidad política, a pesar de que el Estado de Derecho se resiente sin una administración de justicia eficaz. Hospitales, carreteras y colegios son más visibles para los ciudadanos y, por tanto, su ejecución, es más rentable electoralmente.

—Dos o tres años después de la huelga de funcionarios por el caso Mariluz, ¿la justicia está peor?

—La Justicia no está mejor. La jurisdicción penal sigue mal, pero no podemos decir que esté peor. Las jurisdicción civil, laboral y mercantil es la que está peor porque tiene una relación estrecha con la economía.

—¿Sigue existiendo el riesgo de que se vuelva a repetir el caso Mariluz?

—Evidentemente y es más fácil aún que se pueda producir en los juzgados de pueblos. Hay poblaciones que tienen una situación de administración de justicia caótica por el número de asuntos y los pocos órganos judiciales que tiene, como sucede en los partidos judiciales de Sanlúcar la Mayor, Utrera o Alcalá.

—¿Por qué no está funcionando el servicio común de ejecutorias de sentencias anunciado para evitar casos como el de Mariluz?

—Esa es una asignatura pendiente de la Administración de Justicia en Sevilla. Se podía haber puesto en marcha hace mucho tiempo, pero por problemas de negociación con los sindicatos no está en marcha.

—Ya quisiera Justicia tener los sistemas informáticos que tiene Hacienda para pillarnos en un renuncio.

—Evidentemente. Parece que algo se avanza, pero hoy por hoy la conexión de los sistemas informáticos dentro de Andalucía todavía no es una realidad. Mientras no podamos compartir la información todos lo órganos judiciales de España, seguiremos con problemas de coordinación.

—Cada consejero de Justicia ha dado un plazo para la Ciudad de la Justicia. Ya nadie se cree nada.

—Parece que se no se desbloquea la Ciudad de la Justicia, a pesar de ser un proyecto tan esperado y que en 2004 la entonces consejera de Justicia, María José López, prometió que estaría lista en su mandato. Si no podemos afirmar de manera rotunda que haya un lugar elegido para la Ciudad de la Justicia, aún menos podemos tener un horizonte cercano de construcción. No se vislumbra la posibilidad de que en el plazo de cinco años se inicien las obras por la falta de de decisión política y de los recortes presupuestarios. No nos engañemos, no hay dotación presupuestaria para la Ciudad de la Justicia.

—¿Están resueltos los problemas que presentaba el edificio Noga?

—Ese edificio es insuficiente para los órganos judiciales que acoge. Se diseñó para acoger veinte juzgados de Instrucción y en él se han alojado además 14 juzgados de lo Penal, 11 juzgados de lo Social y 3 juzgados de lo Mercantil. En diciembre llegará además el juzgado 15 de lo Penal.

—Con los recortes presupuestarios ¿no le parece de locos pagar alquileres tan elevados, como el de Noga?

—De locos y de una imprevisión absoluta. Si se hubieran invertido todos los alquileres en la Ciudad de la Justicia, se habría pagado ya esa obra.

A vuelta pluma

—A los jueces les han rebajado los sueldos. ¿Irán a la huelga general?

—No creo. No estamos convocados y, desde luego, no creo que las asociaciones la vayan a secundar.

—¿Hay jueces que siguen dictando sus sentencias en papel?

—Alguno hay, pero esas sentencias después se pasan al ordenador y son incluidas en las bases de datos.

—La Ley española permite a los imputados mentir, pero la sociedad clama porque muchos acusados se cachondean de la Justicia, como ha sucedido en el Caso Marta ¿Cambiaría usted eso?

—Creo que sería un cambio de tal intensidad que debería abrirse un debate intenso y serio, nunca al albor de un caso mediático. Se debe legislar en frío.

—¿Tienen razón los sevillanos de considerarse marginados en materia de Justicia?

—Sí, tienen razones de peso para quejarse de la mala situación de los edificios judiciales y del agravio comparativo con otras provincias. Málaga necesitaba la Ciudad de la Justicia, pero en Sevilla es donde el proyecto está más verde.

Fuente: ABC.es