Justicia reactiva la futura Ley de Acceso a la Abogacía

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, está dando los últimos retoques a la Ley de Acceso a la Abogacía con objeto de presentarla la semana que viene al Consejo de Estado. La norma, que está prevista entre en vigor en octubre de 2011, supondrá una auténtica transformación para quienes quieran ejercer la profesión de abogado en España.


Según el titular de Justicia, "el cambio no pretende dificultar el proceso sino dotarlo de mayor calidad para facilitar la movilidad de los letrados en Europa". Caamaño reconoce que los abogados españoles tienen "un déficit" del que carecen el resto de colegas del Viejo Continente.

Para paliarlo, la nueva ley se ha estructurado en torno a una educación complementaria para los graduados en derecho o licenciados. El ministro recordó que el texto contempla la participación en un curso de posgrado impartido por Escuelas Jurídicas de los Colegios de Abogados o por las Universidades. Esta formación equivaldrá a 90 créditos y año y medio de estudio como mínimo (podrá ser superior).

También quedan reguladas las prácticas para los alumnos, que deberán realizarse en despachos o en instituciones públicas. "Tras realizar este proceso, habrá que pasar un examen de habilitación nacional y sólo quien lo supere podrá ejercer la abogacía", insistió Caamaño en el Colegio de Abogados de Madrid ante un selecto locutorio integrado por personalidades de primer orden del mundo jurídico. Se espera que en 2013 los nuevos abogados salgan ya con este sistema.

La futura ley se ha encontrado con varios obstáculos, que parecen finalmente subsanados. "Me consta la preocupación de la abogacía y la universidad por el retraso", explicó el ministro, "pero se ha debido a la necesidad de fraguar un consenso y a la complejidad de adaptarlo al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior". Tras los acuerdos con el Ministerio de Educación y los decanos de la Facultad de Derecho, el ministro de Justicia ha pronosticado que "pronto estará el reglamento".

El ministro aclaró que éste será uno de los retos que tendrán que asumir los colegios de abogados, a los que defendió en su papel de "protección de derechos de los usuarios" y de "autorreguladores". También descartó introducir la voluntariedad en la colegiación de la abogacía, al referirse que "la pertenencia obedece a una obligación sistémica".

Los colegios de abogados deberán también facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. "Habrá expedientes digitales en 2012, videoconferencias para informes periciales y registros judiciales abiertos 24 horas al día", concluyó Francisco Caamaño.

El gasto de la justicia gratuita

El turno de oficio tiene un coste de 230 millones, según desveló Caamaño. "Con la crisis empiezan a surgir voces que abogan por un recorte del gasto público, pero el Ministerio de Justicia no va a modificar el sistema actual porque funciona muy bien".

En plenas conversaciones con las comunidades autónomas para el proyecto de reforma de la Ley de Justicia Gratuita, Caamaño ha reconocido que se están produciendo "incrementos cuantiosos del gasto", pero que con la ayuda de los colegios de abogados y de los Gobiernos regionales se deben "buscar fórmulas de ahorro y racionalización".

También se refirió al anteproyecto de Ley de Mediación, que espera remitir al Consejo de Estado próximamente. Como novedad explicó que los juicios civiles de hasta 6.000 euros (unos 180.000 juicios al año) deberán pasar, no de forma voluntaria, sino obligada por la mediación.

Todos estos cambios generarán dos nuevos tipos de abogados: el estratega para dirigir equipos multidisciplinares y los abogados de tareas de apoyo.

Fuente: cincodias.com