Los sindicatos mayoritarios en la administración de justicia en Cataluña STAJ y CSIF, que no se han sumado a la convocatoria de huelga general, prevén que ésta tendrá un seguimiento mínimo en su sector si el paro en el transporte no impide a los funcionarios acudir a sus puestos de trabajo.Según fuentes sindicales, la convocatoria de huelga en el sector la sustentan sólo UGT y CCOO, que ocupan, respectivamente, el tercer y cuarto puesto en número de afiliados entre los funcionarios de justicia de Cataluña, lo que hace prever un seguimiento desigual del paro en los juzgados.
Además, los servicios mínimos fijados para el ámbito judicial, del 100% en las guardias y en las causas urgentes, garantizarán, según fuentes de STAJ y CSIF consultadas, el normal funcionamiento de los juzgados y se estima que la incidencia del paro en la celebración de juicios será reducida.
De acuerdo con los servicios mínimos establecidos por el Departamento de Justicia, el próximo miércoles 29 acudirá a trabajar un funcionario por juzgado en el ámbito penal y uno para cada dos en el civil, mientras que las audiencias provinciales contarán con un administrativo por sección.
En el ámbito penitenciario, trabajará el 75% del personal de prisiones y los centros de internamiento de menores tendrán el 80% del personal de servicios, la asistencia sanitaria habitual y un 50% de los técnicos de los servicios de mediación y de ejecución de medidas en régimen abierto.
La desconfianza hacia los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, es el principal motivo que esgrimen los representantes de los sectoriales STAJ y CSIF para desvincularse de la huelga general del próximo miércoles, que en su opinión "llega tarde" porque el Gobierno ha aprobado ya las medidas económicas que se quieren combatir con el paro.
Además, portavoces de ambos sindicatos coinciden en señalar que el apoyo de CCOO y UGT al paro de funcionarios del pasado mes de junio fue insuficiente -a lo que achacan la escasa participación en esa huelga- y que ello ha motivado, en su juicio, el actual desencanto de los trabajadores públicos con las dos grandes centrales.
Los motivos económicos también imperarán entre los funcionarios de justicia a la hora de acudir a la huelga, dado que muchos son reacios a perder otro día de trabajo cuando el pasado mes de junio ya se les descontó una jornada laboral de la nómina, a lo que se suman las pérdidas por el recorte salarial que el Gobierno ha aplicado a los empleados públicos, según las mismas fuentes.
Aunque la ley impide en principio a jueces y fiscales secundar el paro -una interpretación muy discutida en el sector-, algunas agrupaciones de la judicatura, como Jueces por la Democracia (JD) y Unión Progresista de la Fiscales (UPF), han expresado su apoyo a la huelga general en respuesta a lo que consideran un golpe a los derechos sociales y laborales.
Fuente: ABC.es
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