Da igual la ecuación. Ya sea chico más chica más cama, o chico más transexual más tiovivo, el resultado del porno descargado ilegalmente por Internet siempre son pérdidas. Del 90% con respecto a hace cinco años. Por eso, la industria del porno se ha aliado con su compañero de cama menos probable: los juzgados. Los tribunales de Estados Unidos han recibido en el último mes unas 1.200 demandas contra usuarios que se han bajado títulos que van desde el clásico de 1978 Debbie does Dallas al gay Asalto anal. Y se preparan otras tantas para el mes que viene.
La culpa la tiene John L. Steele, un abogado de Chicago de 39 años al que se le dibujó el símbolo del dólar en los ojitos en cuanto habló con unos amigos que producían porno para la Red: "Me enseñaron un vídeo que acababan de subir a su web de pago y, a la hora, se lo habían bajado ilegalmente 250 personas", recuerda. "Todos querían llevar a los piratas a juicio", explica. "Pero ninguna compañía les iba a apoyar. Si representas a Coca-Cola, no quieres representar a una página porno. Así que dije: 'Pues me dedico en exclusivo a ellas. ¿Me vas a mirar mal? Pues adelante".
El problema está en a quién demandar. Si denuncias a las webs de streaming (reproducción online), estas se cambian de nombre y siguen con lo suyo. ¿A los usuarios? Ya lo intentó la industria de la música y terminó llevando a juicio a gente que no se había bajado nada. A no ser, claro, que se perfeccionara la técnica. "Contraté a un equipo de informáticos para que me diseñaran un software infalible para identificar qué IP [el número que identifica la conexión a Internet que usa cada ordenador] se bajaba qué vídeos usando qué torrents. Mi socio, Paul Hansmeier, les asesoró legalmente para que las pruebas que recabaran pudieran servir ante un juez. Que podamos decir: 'Su señoría, este hombre se ha bajado este porno en tal ordenador a tal hora'. Con las demandas puestas, es cuestión de que los proveedores de Internet revelen a quién corresponde cada IP".
Mientras perfeccionaba el software empezó a captar adeptos. Steve Jones, por ejemplo, estaba dando una charla sobre piratería en el congreso de porno Cybernet Expo cuando le hablaron del milagroso programa. Otrora magnate del porno gracias a siete webs en las que ponía sus cuatro escenas al mes a la razón de 1.000 dólares cada una, este hombre había convertido, en 2006, a la actriz Jordan Capri en la mejor pagada de la Red al comprarle el vídeo de su noche de bodas por una cantidad tan impúdica como el vídeo. "Superaba de lejos los 10.000 dólares, las ganancias de una actriz en medio año", recuerda. Resultó ser el vídeo más visto del año... por piratas. Hoy se plantea cerrar su empresa, LightSpeed Media, de siete personas, el año que viene. "Llamé a Steele enseguida".
El letrado ha demandado a 100 anónimos por LightSpeed Media. Y a otros 100 por cada una de la media docena de productoras que representa. "Queremos aumentar esas cifras según tengamos más nombres", explica. "Que no te sorprenda ver hasta 1.000 personas demandadas por cada página". Su epígono colega Evan Jones ha sumado más de 500 desde Tejas. Jones no tiene software, pero sí el componente de culpa que genera el destapar a internautas que ven porno gay.
Pero la palabra 'porno' sigue con su alergia a la palabra 'juicio'. "No me veo llevando miles de casos ante el juez. La idea es obligar a los demandados a que paguen un acuerdo para no llevarlos a un tribunal. Una propina por los daños ocasionados por bajarte un archivo. Pongamos unos 150 dólares por persona", aclara Steele.
¿Podría pasar algo así en España? "Ir a por los usuarios es como ir a por drogadictos y dejar a los narcos en paz", explica Antonio Marcos, presidente de APEOGA, enzarzado en varias demandas contra los webmasters que vieron las virtudes de Internet antes que él. Como Totó García, ese chaval que montó una web porno en 2004 recopilando material promocional de las productoras. "Al principio no llegaba a los 100 euros al mes de beneficio. A los tres años ya oscilaba entre los 1.000 y 1.400. Luego monté mi propia productora para generar yo el contenido. Pago entre 300 y 500 euros a una actriz en función de su experiencia. Y de los 2.000 euros al mes no bajo".
Fuente: elpais.com
La culpa la tiene John L. Steele, un abogado de Chicago de 39 años al que se le dibujó el símbolo del dólar en los ojitos en cuanto habló con unos amigos que producían porno para la Red: "Me enseñaron un vídeo que acababan de subir a su web de pago y, a la hora, se lo habían bajado ilegalmente 250 personas", recuerda. "Todos querían llevar a los piratas a juicio", explica. "Pero ninguna compañía les iba a apoyar. Si representas a Coca-Cola, no quieres representar a una página porno. Así que dije: 'Pues me dedico en exclusivo a ellas. ¿Me vas a mirar mal? Pues adelante".
El problema está en a quién demandar. Si denuncias a las webs de streaming (reproducción online), estas se cambian de nombre y siguen con lo suyo. ¿A los usuarios? Ya lo intentó la industria de la música y terminó llevando a juicio a gente que no se había bajado nada. A no ser, claro, que se perfeccionara la técnica. "Contraté a un equipo de informáticos para que me diseñaran un software infalible para identificar qué IP [el número que identifica la conexión a Internet que usa cada ordenador] se bajaba qué vídeos usando qué torrents. Mi socio, Paul Hansmeier, les asesoró legalmente para que las pruebas que recabaran pudieran servir ante un juez. Que podamos decir: 'Su señoría, este hombre se ha bajado este porno en tal ordenador a tal hora'. Con las demandas puestas, es cuestión de que los proveedores de Internet revelen a quién corresponde cada IP".
Mientras perfeccionaba el software empezó a captar adeptos. Steve Jones, por ejemplo, estaba dando una charla sobre piratería en el congreso de porno Cybernet Expo cuando le hablaron del milagroso programa. Otrora magnate del porno gracias a siete webs en las que ponía sus cuatro escenas al mes a la razón de 1.000 dólares cada una, este hombre había convertido, en 2006, a la actriz Jordan Capri en la mejor pagada de la Red al comprarle el vídeo de su noche de bodas por una cantidad tan impúdica como el vídeo. "Superaba de lejos los 10.000 dólares, las ganancias de una actriz en medio año", recuerda. Resultó ser el vídeo más visto del año... por piratas. Hoy se plantea cerrar su empresa, LightSpeed Media, de siete personas, el año que viene. "Llamé a Steele enseguida".
El letrado ha demandado a 100 anónimos por LightSpeed Media. Y a otros 100 por cada una de la media docena de productoras que representa. "Queremos aumentar esas cifras según tengamos más nombres", explica. "Que no te sorprenda ver hasta 1.000 personas demandadas por cada página". Su epígono colega Evan Jones ha sumado más de 500 desde Tejas. Jones no tiene software, pero sí el componente de culpa que genera el destapar a internautas que ven porno gay.
Pero la palabra 'porno' sigue con su alergia a la palabra 'juicio'. "No me veo llevando miles de casos ante el juez. La idea es obligar a los demandados a que paguen un acuerdo para no llevarlos a un tribunal. Una propina por los daños ocasionados por bajarte un archivo. Pongamos unos 150 dólares por persona", aclara Steele.
¿Podría pasar algo así en España? "Ir a por los usuarios es como ir a por drogadictos y dejar a los narcos en paz", explica Antonio Marcos, presidente de APEOGA, enzarzado en varias demandas contra los webmasters que vieron las virtudes de Internet antes que él. Como Totó García, ese chaval que montó una web porno en 2004 recopilando material promocional de las productoras. "Al principio no llegaba a los 100 euros al mes de beneficio. A los tres años ya oscilaba entre los 1.000 y 1.400. Luego monté mi propia productora para generar yo el contenido. Pago entre 300 y 500 euros a una actriz en función de su experiencia. Y de los 2.000 euros al mes no bajo".
Fuente: elpais.com
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