Los juzgados de la Comunidad de Madrid han requerido en el primer semestre de este año un total de 4.073 servicios de interpretación, 2.115 de ellos en el partido judicial de la capital. En el año 2009 se realizaron un total de 8.627 servicios de interpretación, 326 traducciones y 109 transcripciones. En el año 2008 se elevaron a 11.631 servicios de interpretación, 502 traducciones y 134 transcripciones.Así lo ha señalado el director general de Justicia del Gobierno regional, Gonzalo Quiroga, durante su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de Contrataciones celebrada en la Asamblea de Madrid.
Quiroga también ha ofrecido otras datos estadísticos sobre intervenciones realizadas por la Asociación Española de Peritos y Tasadores Judiciales, Sección de Intérpretes, en lo que se refiere a los idiomas y lenguas más utilizadas y los porcentajes que suponen en la actuación de intérpretes en los partidos judiciales de la región, excluyendo los de la capital.
Así, el 40,05 por ciento de las peticiones de intérprete fueron sobre lengua rumana (747 peticiones) y el 23,65 por ciento de árabe (441 peticiones. También hubo, entre otras, 13 peticiones de idioma rifeño, 7 de bereber, 4 de tagalo, 2 de Panjabí (una de las lenguas de Pakistán), 1 sobre lengua criolla de bayuco y uno de sose (un idioma de Senegal).
El director general de Justicia ha señalado que cada día son más frecuentes los procedimientos judiciales en los que los encausados, justiciables, comparecientes o testigos son ciudadanos africanos, y también de una forma creciente ciudadanos oriundos del Países del Este de Europa, Asiáticos, Árabes y procedentes de Oriente Medio.
Quiroga ha justificado la externalización de los servicios de interpretación y traducción en los juzgados, "dado que conlleva la prestación de servicios altamente especializados y por la variedad de idiomas necesarios en el ámbito de los juzgados y tribunales de Madrid", que estimó en 114 idiomas diferentes.
"Por ejemplo, que en el continente africano, se manejan un número indeterminado de lenguas, dialectos e idiomas tribales, y frecuentemente estos justiciables no son capaces de comunicarse en otra lengua que no sea la materna, y en cualquier caso, tienen derecho a unas mínimas garantías procesales entre las que se incluyen la de poder seguir adecuadamente el procedimiento jurisdiccional en el que se encuentra encausado", ha indicado.
Así, Quiroga ha explicado que dentro de los mínimos en el contrato de estos servicios de traducción e interpretación se incluyen de 20 idiomas: albanés, alemán, árabe, bangla, bengalí, búlgaro, checo, chino, farsi, francés, griego, holandés, igbo, inglés, italiano, japonés, lituano, pakistaní, polaco, portugués, rumano, ruso, serbocroata, tagalo y wolof.
"Dada la naturaleza de las prestaciones a realizar se hace necesario tener muy en cuenta la preparación técnica y la disponibilidad de un gran número de personas en la empresa para la prestación del servicio en el mayor número posible de idiomas, razones que justifican en todo caso las necesidades de externalización de este servicio", ha dicho.
Según detalló Quiroga, en 2006 se procedió a la externalización de este servicio de interpretación y traducción de idiomas, destinado a los Órganos jurisdicionales. El contrato de referencia fue adjudicado por concurso en procedimiento de licitación abierta, a la empresa Seprotec, única empresa presentada a la licitación pública de referencia, como ocurrió también en 2008 y 2009.
En el contrato para los años 2010 y 2011 resultó adjudicatarias Seprotec, respecto al lote 1, destinado a la prestación de servicios en el partido judicial de Madrid, y la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales respecto al lote 2, que comprende al resto de los Partidos Judiciales de la Comunidad. Su importe de adjudicación, distribuidos en dos anualidades, fue de un millón de euros cada una.
Por último, el director general de Justicia de la Comunidad ha señalado que la externalización de los servicios de interpretación y traducción para órganos judiciales no es una necesidad exclusiva de la Comunidad, puesto que también existe en Cataluña, Valencia, País Vasco, Andalucía, Canarias, y Galicia, además de otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Interior (Delegación de Gobierno y Subdirección General de Asilo, Policía Nacional, Dirección General de la Guardia Civil) y la Fiscalía General del Estado, entre otras.
Fuente: que.es
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